¿Por qué casi siempre los ineptos, corruptos y cuestionados personajes son los elegidos para los cargos públicos y hasta para la ejecución de millonarias obras? La respuesta de cualquier piurano sería: porque pagan, coimean y son artistas en el embauque… es decir, saben hacerla y se mueven como peces en el agua en ese sórdido mundo de la administración pública donde prevalece el más astuto, el que tiene más contactos y el que sabe coimear.           

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 Por eso no llama la atención lo que hoy ocurre en un área del PEIHAP en Chulucanas, cuyas oficinas fueron allanadas esta semana por la Tercera Fiscalía Anticorrupción de Piura en busca de pruebas que sustenten un posible direccionamiento en la adjudicación de la construcción de la presa de Cascapampa, cuyo costo es de 27 millones de soles.                                               

En este caso existe doble duda: por un lado, se tipifica el supuesto delito de direccionamiento de la obra por parte de los funcionarios encargados de la misma. Por otro lado, queda en duda también la calidad, capacidad y honestidad de la empresa ganadora (que va consorciada), que fue inhabilitada temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información falsa. Además, tiene otra multa por subcontratar sin informar a la institución contratante. La otra empresa consorciada sufre de los mismos defectos. Las evidencias sobre un direccionamiento de este millonario proyecto saltan a la vista o por lo menos dejan dudas coherentes, pues se hicieron cambios a las bases como los términos de referencia (TDR), bastante sospechosos, considerando que las normas de adjudicación lo prohibían. En términos más sencillos, bajaron la valla para que una empresa cuestionada y sin capacidad sustentada para hacerlo se haga de una millonaria obra.                                                   

Lo que queda ahora es que Fiscalía haga bien su trabajo, analice, compare y saque conclusiones de esta denuncia hecha por Vigilia Ciudadana, para determinar si en la adjudicación de esta importante obra para riego de la zona agrícola de Sondorillo, en Huancabamba, hubo dolo. Si se llegara a comprobar un delito, todo queda en manos del gobernador Luis Neyra León para aplicar la sanción administrativa a los involucrados; y al Poder Judicial queda darles un buen escarmiento a quienes creen que el dinero del Estado es para su bolsillo o sus amigos.