Editorial: Corrupción, principal enemigo de Piura
septiembre 7, 2023
Autor: Redacción El Tiempo

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Más grave aún que el incremento de la corrupción en diversas instituciones públicas de la región -como lo viene denunciando Contraloría en los últimos años- es que a los ciudadanos y autoridades no les importe el riesgo de terminar normalizando una práctica nefasta.

¿Qué correctivos se tomaron luego que en 2020 Piura ocupara el primer lugar en el índice de corrupción a nivel nacional, al haber perdido más de 1.189 millones de soles debido a este flagelo? ¿De qué ha servido que la Contraloría siga sacando a luz cada año que Piura se mantiene en los primeros lugares en corrupción junto con algunas regiones del sur, del centro, Callao y Loreto?

Si bien se han iniciado los correspondientes procesos administrativos o penales, el último reporte de Contraloría acaba de confirmar que estas malas prácticas no cesan. 25 millones de soles ha perdido la región el año pasado debido a la corrupción y falta de idoneidad de 355 funcionarios públicos, a quienes pareciera no generarles ningún escrúpulo el que la tierra del Héroe del Milenio se mantenga entre las regiones que encabezan el vergonzoso ranking de la coima.


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Es verdad que el perjuicio económico -al menos en lo que a informes de Contraloría se refiere- han disminuido de mil 189 millones en el 2020 a 25 millones (2022). Sin embargo, luego de año y medio de deterioro de la meritocracia estatal promovido por el Gobierno de Castillo y una gestión regional de García, nada garantiza que el departamento recaiga en tan endémica enfermedad.

Una muestra de que las actuales autoridades del GORE y de las municipalidades de la región provinciales y distritales quieren cambiar la historia será que implementen o mejoren sus planes anticorrupción, de preferencia siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Los especialistas recomiendan que estos planes se elaboren con participación de las principales instituciones del sector público, sector empresarial y de la sociedad civil, involucradas en la lucha contra la corrupción.

Autoridades electas y funcionarios de confianza deben por su parte demoler los muros dañinos del secretismo lamentablemente muy de moda en los últimos meses, y contribuir a lograr un Estado eficiente y transparente.


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