Una propuesta que flota en el aire en los últimos días es la de que el mandatario Pedro Castillo asuma un papel decorativo y que sea el Consejo de Ministros el que gobierne de hecho.

¿Hasta qué punto sería conveniente convertir a Castillo en una especie de Felipe VI -paradójico además, toda vez que el presidente peruano ha dejado claro que aborrece a los reyes- cuando nuestro sistema político está diseñado, precisamente, para que sea el presidente quien tome las decisiones y el gabinete sea, de alguna manera, un apéndice de su autoridad? A eso se llama república presidencialista.

Evidentemente, cambiar este perfil tiene que ver con la posibilidad de que Pedro Castillo continúe en el poder por un tiempo más, cuando no por los cinco años que manda la Constitución. Habría que preguntarnos si debemos aferrarnos a esta noción ortodoxa de la institucionalidad cuando la realidad parece imponer su panorama más crítico y parece empujarnos a tomar decisiones menos basadas en la teoría política y más en el instinto práctico.

Para quienes se sienten atraídos por el pragmatismo sin bandera o color partidario o ideológico (?), debemos recordar que la viabilidad de la sociedad solo es posible si se respetan ciertas líneas inviolables. Las instituciones (la ley en primer lugar) señalan esos límites que no podemos trasgredir y que, en el peor de los casos, separan a la democracia de la tiranía. Venerar a la institucionalidad no es sinónimo de inflexibilidad, sino de respeto al deber ser de la política. ¿Pero qué hacemos con Castillo?

La salida de convertirlo en una figura decorativa falla porque, a diferencia de Felipe VI en España o Isabel II en Inglaterra, o el presidente Herzog en Israel, Castillo no representa ya consenso alguno; Castillo no es capaz de convocar un gabinete con la celeridad que la situación amerita porque su palabra política está devaluada y ningún político razonable desea ser maltratado como Mirtha Vásquez.

En esa situación, solo queda apostar por el cuarto gabinete, pero también debe considerarse la salidad democrática de Castillo y del Congreso porque, si bien el Ejecutivo no ha estado a la altura de sus deberes, tampoco lo ha estado el Congreso, ese parlamento que ha sido capaz de confabularse para traer abajo las reformas educativas y que ha sido cobijo de indeseables. Nuevas elecciones nos permitirían limpiar la casa común.