La principal barrera que encuentran los jóvenes que acaban de terminar su quinto de secundaria en pandemia y están tentando a una carrera universitaria, es el mercantilismo que, con o sin reforma universitaria, ha convertido a la educación superior peruana en el derecho de unos pocos, casi en el privilegio de una élite.

Estudiar una carrera cuesta menos en Estados Unidos que en una buena universidad peruana. En el país de John Biden, con 30 o 40 mil dólares (8 mil anuales) un joven pueden financiar toda su carrera de cinco años, mientras que en el Perú, estudiar en una universidades implica un aproximado de 90 mil dólares (18 mil anuales).

Según el excongresista Daniel Mora, esas universidades se han acostumbrado al lucro a pesar de que el Estado las libera de todos los impuestos. Irónicamente, el objetivo del Estado con esta exoneración es lograr que las grandes mayorías tengan acceso a una educación de calidad.

Claramente, ese objetivo no se ha logrado: si bien desde el 2016 una sola universidad peruana figura entre las 50 mejores del mundo, la gran mayoría, especialmente las no licenciadas, han hecho poco o nada para adecuarse a mínimos estándares de calidad y ahora, con la mediación de malos congresistas, pretenden que se les dé una nueva oportunidad.

En este panorama, el Gobierno del presidente Castillo representa una seria amenaza para la educación universitaria, al haber elegido a ministros de Educación que se han dedicado a guardar silencio cómplice ante la maquinaria de los parlamentarios afines a la norma a favor de las “universidades cocheras”, que finalmente ha sido aprobada.

Es más, el mandatario eligió de ministro del Educación a Héctor Valer, nada menos que egresado de una universidad no licenciada.

Al cierre de esta edición, en que se esperaba la juramentación del nuevo gabinete, miles de universitarios esperaban conocer si habrá corrección en el Ejecutivo, que está obligado a observar tan lesiva ley que pone en grave riesgo a las futuras generaciones que tendrán a su cargo los destinos del país dentro de pocos años.

Si elegir un gabinete aceptable técnicamente y con gran nivel de consenso para estabilizar al país era hasta ayer un requisito indispensable para que Castillo siga en el poder, también lo es observar la ley de contrareforma universitaria.