Ha llamado la atención la triste situación del colegio “José María Arguedas” en Santa Anita (Lima), un colegio para 900 alumnos que fue declarado inhabitable hace cinco años, pero que a la fecha no ha sido reparado y, por si fuera poco, a pocos días del inicio de las clases presenciales, se cae literalmente a pedazos. “¡Qué terrible lo que ocurre en Lima!”, pensará usted, pero esta realidad también la vemos en nuestra región; a pesar de ello, las autoridades parecen recién darse cuenta del problema.
La UGEL Sullana reclama presupuesto para reparar 120 escuelas; es cierto que se ha avanzado con el mayor número en el mencionado ámbito, pero nadie debe ver restringido su acceso al derecho a educarse en las mejores condiciones. ¿Qué pasa en la sierra del departamento? En Morropón, el colegio secundario “Manuel González Prada” tiene el 90% de sus aulas en estado calamitoso. La reparación, definitivamente, no será posible en tan poco tiempo por lo que la directora de la institución ha pedido aulas prefabricadas para los 180 alumnos perjudicados.
¿Qué pasa en Ayabaca? Allí, el número de estudiantes en riesgo de no comenzar el año lectivo es de 247, todos pertenecientes al colegio “Nuestra Señora del Carmen”. Este lugar fue declarado inhabitable en el 2018 por Defensa Civil y su situación de inseguridad se agravó con los últimos sismos, pero nadie ha hecho nada.
En Piura, la Contraloría ha emprendido la inspección de 321 colegios, entre los que se encuentran el emblemático colegio San Miguel que, a pesar de ser el lugar de instrucción de una comunidad de 3.000 estudiantes, se encuentra al borde del colapso. En la institución educativa N. 10 de Los Algarrobos, los padres de familia se han cansado de esperar y han improvisado aulas con triplay, pero carecen de servicios básicos.
Cualquiera se podría preguntar por qué a pocos días del inicio de las clases presenciales, algo previsto desde el año pasado, tenemos colegios en tan malas condiciones. ¿Dónde están los resultados de las gestiones de las UGEL o de la Dirección Regional de Educación para custodiar el derecho de los niños y niñas de la región a instruirse? Para muchos padres la preocupación es la vacunación y los útiles, pero quizás no se han preguntado si las aulas donde estudiarán sus hijos son mínimamente seguras.
