Bastante roncha ha sacado que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolver “con prontitud” las apelaciones presentadas por el partido Fuerza Popular. Muchos opositores a esta organización han acusado a Gutiérrez de haber cambiado su rol y dedicarse a la defensa del partido que lidera Keiko Fujimori. Otros, más agresivos, han afirmado que el funcionario actúa bajo consigna del fujimorismo.
Sin embargo, lo que se ve es el fondo del asunto: estamos a solo dos semanas de la fecha en que debe concretarse el cambio de mando, el 28 de julio, y no tenemos aún la certeza de que Pedro Castillo será proclamado o de que prosperará alguno de los pedidos formulados por la candidata Fujimori. En este clima de zozobra política, de odios enconados y de incomprensiones no es posible tener un gobierno sólido, cimentado en el reconocimiento universal de la voluntad popular, sino que es posible que estemos ante un nuevo quinquenio de lucha fratricida, de intentos por retener o capturar el poder, de un tira-y-afloja que solo perjudica a la institucionalidad democrática.
Es en esta situación que el pedido del defensor del pueblo cobra especial importancia y pertinencia: la salida más próxima dentro del marco previsto por las leyes, es la resolución de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular. La ley, así como las demás instituciones, tiene por objetivo garantizar la convivencia armónica entre los ciudadanos; en armonía se puede discrepar, se puede tener opiniones distintas e, incluso, antagónicas, pero no desaparece el límite impuesto por las reglas de convivencia juradas por todos los ciudadanos -la Constitución-; el llamado del defensor transciende los formalismos para señalar el espíritu de la ley. En ese sentido, su pedido debe entenderse como un acto de pacificación que no debería ser reducido a supuestas intenciones políticas. Aún si ellas estuvieran presentes, ¿no es inválido moralmente que se solicite la solución transparente de las consultas que involucran a la mitad del país?
Estamos al borde de una crisis mucho peor: nuestras autoridades son ninguneadas, nuestras elecciones presentan fisuras, los contornos de los poderes del Estado se diluyen peligrosamente. Es necesario que los ciudadanos de buena voluntad busquemos la paz y la verdad.
