Diez años ha retrocedido Perú en la lucha contra el hambre, según el Índice Global del Hambre (IGH) de 2021, el cual le concede al país 17.7 puntos, cifra similar a la de hace 10 años.
La crisis alimentaria ha avanzado en el país a tal punto que más de la mitad de ciudadanos carece de comida suficiente. El 51% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria y que el 20% de ese grupo sufre inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo a un estudio de la FAO.
Significa, según especialistas, que las familias han reducido la calidad en su dieta o están comiendo menos de lo que necesitan. A decir de la agencia, esta condición de inseguridad alimentaria se debe principalmente a una tasa de pobreza que este año alcanza a la cuarta parte de la población peruana, impidiéndole cubrir su canasta básica de alimentos.
Ante esta situación, la mayoría de la gente no tiene más remedio que aliviar su hambre como puede, sin comer alimentos adecuados que contengan todos los nutrientes necesarios, como las proteínas. En partes de la selva peruana, hasta el 70% de la población está anémica.
Inpulsada por la recesión derivada de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis e inestabilidad política, la inflación anual del Perú de 2022 se ha mantenido por encima del 8%, su nivel más alto en 24 años.
Es indignante que mientras esto ocurre, Gobierno y Congreso ciegos, sordos y mudos siguen dejando que el caos y deterioro institucional avancen, sacrificando los intereses del país con tal de asegurar sus cargos y sus negocios o defenderse de las denuncias por corrupción. Para el Ejecutivo y el Congreso lo más importante no es generar con urgencia las condiciones para revertir la falta de empleo, detener el retroceso de la inversión privada o poner fin a la crisis, sino simular que se pelean, aunque luego terminan negocinado los votos y haciendo juntos las contrareformas.
Tal como señala uno de nuestros especialistas en esta edición, el Estado no hace nada por defender el deterioro de la economía porque siempre está ocupado en defender al presidente y a los ministros denunciados. Mientras tanto, se agrava la inseguridad, la crisis política y económica amenaza con agravarse y la salud está peor que antes de la pandemia. El país sigue a la deriva.
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