Editorial: No demos pretextos al senderismo

Editorial: No demos pretextos al senderismo

El terrorismo es un capítulo aún no cerrado en la historia del país, una página que no terminamos de leer. Evidentemente, abrir las rejas a senderistas irredentos equivale a abrir las heridas de esta nación todavía lastimada.

La liberación de Maritza Garrido Lecca hace casi un mes, y la de Martha Huatay hace solo tres días nos obliga a preguntarnos si la justicia peruana ha sido realmente justa, si las autoridades del período de transición democrática postfujimorismo no fueron demasiado benignas con quienes pretendían edificar una nueva Camboya sobre las cenizas de la república, y, en todo caso, qué podemos hacer hoy para resguardarnos de quienes no han mostrado ni una sola pizca de arrepentimiento, no han perdido perdón a la sociedad que pretendieron dinamitar -literalmente- y muchos menos ha pagado un sol de las reparaciones civiles ordenadas por los jueces de aquella hora.

La muerte civil aplicada a los sentenciados por terrorismo, como apoya el ministro del Interior, Carlos Basombrío, se dibuja como una alternativa jurídica y práctica suficientemente atractiva para que reciba el respaldo mayoritario de la población (y provocar, en consecuencia, la recuperación de popularidad del Gobierno), pero debe ser tomada con cautela porque la democracia peruana no puede cometer el error de convertir a los terroristas en víctimas, en una suerte de desplazados y marginados con argumentos para acusar al sistema de negarles toda opción de rehabilitarse socialmente.

Hace treinta años la historia de terror comenzó con argumentos similares. Hay que hilar fino.

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