A pesar de los avances normativos, el trabajo del hogar en el Perú continúa marcado por altos niveles de informalidad y una limitada aplicación de derechos laborales. La promulgación de la Ley N.º 31047 en 2020 representó un hito al equiparar los derechos de las personas trabajadoras del hogar con los del régimen laboral privado. Sin embargo, a seis años de su entrada en vigencia, la brecha entre la normativa y su cumplimiento sigue siendo significativa.
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Actualmente, cerca de 441 mil personas se dedican al trabajo del hogar remunerado en el país, de las cuales aproximadamente el 95% son mujeres. Además, más del 40% son jefas de hogar, lo que evidencia la importancia de esta actividad como fuente principal de ingresos para miles de familias.
No obstante, la formalización laboral sigue siendo un desafío crítico. Solo alrededor del 5% de las trabajadoras cuenta con un contrato escrito, condición esencial para acceder a beneficios como seguro de salud, gratificaciones, vacaciones y pensiones. Esta situación limita su autonomía económica y perpetúa condiciones de vulnerabilidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), apenas el 8% accede a EsSalud, el 20% ha estado afiliado a la ONP, el 1,5% recibe Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y solo el 12,9% percibe gratificaciones conforme a la ley. A ello se suma que más de un tercio ha enfrentado situaciones de discriminación o maltrato en el ejercicio de su labor.
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Especialistas advierten que esta problemática no responde únicamente a factores económicos, sino también a una persistente desvalorización social del trabajo doméstico. En muchos casos, esta labor aún es percibida como una “ayuda” y no como una relación laboral formal, lo que contribuye a la invisibilización de derechos.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela además que el 71% de las personas empleadoras considera que la ley no les aplica, lo que refleja un alto nivel de desconocimiento de la normativa. En contraste, siete de cada diez trabajadoras señalan que contar con un contrato mejoraría significativamente sus condiciones laborales.
Frente a este panorama, el principal reto radica en garantizar que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en mejoras concretas en la vida de las trabajadoras. Para ello, se requiere fortalecer el acceso a información, promover la formalización y revalorizar el trabajo doméstico como una actividad esencial para la economía y la sociedad.
Fuente: OIT
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