En un avance significativo para los trabajadores CAS en Perú, el Congreso ha dado un paso clave hacia la nivelación de sueldos bajo el Decreto Legislativo 1057. Esta medida, aprobada en la Comisión de Presupuesto, busca equiparar las remuneraciones de los servidores CAS indeterminados con los montos más altos percibidos por trabajadores de los regímenes 276, 728 y del mismo 1057 en cargos equivalentes.
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¿Qué implica la nivelación de sueldos para trabajadores CAS?
La nivelación de sueldos permitirá que los trabajadores CAS indeterminados reciban una remuneración igual al mayor monto que perciba un empleado en un puesto equivalente dentro de la misma entidad pública. Por ejemplo, si un servidor CAS desempeña funciones similares a las de un trabajador del régimen 276 o 728 que gana más, su sueldo se ajustará para igualar ese tope salarial. Esta medida busca garantizar equidad salarial y mejorar las condiciones laborales en el sector público.
Condiciones para acceder al aumento de sueldo
No todos los empleados bajo el Decreto Legislativo 1057 serán beneficiados. Según el dictamen, los trabajadores CAS deben cumplir ciertos requisitos:
- Percibir un sueldo mensual no superior a S/4,000.
- Ocupar cargos equivalentes a los de los regímenes 276, 728 o incluso otros CAS.
- Ser trabajadores indeterminados, es decir, con contratos de duración indefinida.
Además, la nueva ley prohibirá la contratación de servidores CAS con remuneraciones inferiores a las establecidas para cargos equivalentes, asegurando una política salarial justa.
¿Cuándo se aplicará el aumento de sueldo para CAS?
La nivelación salarial no será inmediata. El dictamen establece un plazo máximo de cinco años para implementar los incrementos, de forma progresiva y según la disponibilidad presupuestal de cada entidad pública. Este enfoque garantiza una transición ordenada, respetando las capacidades financieras del sector público.
Próximos pasos para la aprobación
El dictamen, aprobado en la Comisión de Presupuesto, aún debe pasar por el Pleno del Congreso para su validación mediante votación mayoritaria. Una vez aprobado, el Ejecutivo deberá promulgar la ley. Posteriormente, las entidades públicas tendrán 30 días hábiles para emitir lineamientos técnicos y administrativos que identifiquen a los beneficiarios, establezcan criterios de equivalencia y definan mecanismos de control.
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