Minem cancela registro a más de 50 mil mineros informales y aclara que mayoría opera sobre concesiones de pequeña minería, no de grandes empresas.
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Depuración del Reinfo busca frenar informalidad minera
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) canceló el registro de 50.565 mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según explicó el ministro Jorge Montero Cornejo, estas personas llevaban más de un año sin avanzar en el proceso de formalización, a pesar de estar suspendidos. Actualmente, solo 31.560 mineros artesanales y de pequeña minería continúan en el Reinfo con registros vigentes.
Minería avanza en región Piura
En la región Piura, el problema de la minería informal persiste. De los 1,435 mineros registrados en el proceso de formalización, apenas 68 fueron depurados. Sin embargo, según datos de DIPROMIN, la minería ilegal se ha expandido fuertemente en zonas como Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Sapillica, Paimas, Lancones y Huancabamba, donde se estima que operan más de 10,000 mineros ilegales.
La extracción diaria de oro ilegal es constante y no deja beneficios para las comunidades locales. Según el general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, la minería ilícita moviliza aproximadamente 900 toneladas de oro al año, facilitada por la falta de control en la frontera con Ecuador, sobre todo en zonas como Suyo.
“Tenemos tres pasos autorizados y 42 pasos no autorizados en la frontera. No hay suficiente recurso humano ni instalaciones”, advirtió el general Farías, denunciando la falta de infraestructura para frenar el tráfico de minerales ilegales.
El impacto económico de esta actividad ilegal es inmenso. El abogado ambientalista César Ipenza reveló que “el año pasado, la minería ilegal movilizó más de 10,500 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de este negocio y explica los múltiples intereses que rodean esta actividad ilícita”.
Ipenza alertó también sobre los efectos ambientales y sociales de esta minería fuera de la ley. No solo destruye el ecosistema, sino que está vinculada al crimen organizado y a la presencia de ciudadanos extranjeros que operan con tierras alquiladas en territorio peruano, aprovechando vacíos legales y la falta de fiscalización.
Pese a los esfuerzos del Estado para ordenar la actividad minera a través de la formalización, los desafíos persisten. Mientras tanto, la informalidad y la minería ilegal siguen expandiéndose, generando graves consecuencias ambientales, económicas y sociales. El proceso de formalización requiere no solo voluntad de los mineros, sino también condiciones claras, accesibles y firmes controles estatales.
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