El ministro de Economía, Pedro Francke, informó que el Gobierno planea cobrar una tasa mayor del Impuesto a la Renta (IR) a las personas con ingresos mayores a S/300 mil anuales, lo cual estaría enmarcado en la reforma tributaria.

Así, pues, el proyecto de ley del Ejecutivo precisa que “se busca aumentar la recaudación y mejorar la equidad, incrementando la carga de las personas de más altos ingresos”.

Además, otra modificación que se buscará es elevar la tasa del IR de las rentas de primera y segunda categoría, así como modificar las tasas del IR aplicable a las personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana.

Cabe mencionar que que las rentas de primera y segunda categoría comprenden las originadas en el alquiler y venta de inmuebles, los intereses, los dividendos, la enajenación de acciones, regalías, entre otros.

A razón de esto es que el Ejecutivo le está pidiendo facultades legislativas al Congreso, de tal manera que se permita establecer, rápida y coherentemente, un conjunto de normas dirigidas a fortalecer la política fiscal y tributaria, para generar los ingresos que estarían destinados a mejorar la educación, salud, agua, conectividad rural y apoyo a la agricultura.

Es inoportuno

Sin embargo, los especialistas consultados por este medio consideraron que la propuesta del Gobierno no sería más que una torpeza, pues el contexto de desaceleración económica no hace factible que se ahogue con más impuestos a quienes ya están formalizados, sino que convendría cobrar a aquellos que deben grandes sumas de dinero al Estado y dar incentivos para que los informales también pasen a ser contribuyentes.

“Supongamos que el ajuste del arriendo, que es del 30 %, se aplique. Una mype puede alquilar 180 m2 en un centro comercial por 20 mil dólares al mes. El principal costo de operación es ese y el margen que se maneja es del 15 %. Si le suben más el impuesto, se van a la quiebra. No estamos preparados para ese shock y ni siquiera estamos completamente reactivados, incluso las AFP están en pérdida gracias a la pandemia. ¿Cómo vamos a obtener algo más de la población y de las empresas?”, cuestionó el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Bereche.

Respecto a los riesgos de la medida, dijo que el sector empresarial podría operar como si fuera una persona natural, por lo que ampliar la frontera tributaria se hace luchando contra el contrabando y los informales, a través de beneficios.

“Los informales están allí porque no tienen trabajo; hay que recuperar el espacio de los informales, y Sunat también debería cobrarle a las empresas que no han pagado y deben grandes sumas”.

Por su parte, el economista de la Universidad de Piura (UDEP), Juan José Marthans, hizo hincapié en un problema de la propuesta: van a gravar más al sector formal, sea persona natural o empresarios, en un contexto en el que queremos salir de la desaceleración económica y que podría acabar en recesión. Ello se debería hacer cuando la economía este en un tramo expansivo y el impacto de este tributo no lastime más la economía.

“En lugar de concentrarse en incorporar progresivamente al informal, se quiere gravar más al formal. Necesitamos medidas integrales, más allá de lo tributario. Formalizar el frente económico será el mecanismo para subir la presión tributaria. Una vez que se reduce la informalidad, los niveles de recaudación se incrementarán. Lo que se quiere hacer ahora es una política de corto plazo”, dijo.

Como consecuencia -aclaró-, va a aumentar la informalidad, puesto que no se sabe enfrentar estructuralmente la problemática.

“Quieren disponer de mayores recursos a nivel fiscal, ¿para que?, ¿qué quieren hacer con ese dinero?, ¿tener mayor voto para el próximo año?, ¿seguir engañando con medidas cortoplacistas? En estos pocos meses no han demostrado racionalidad, no amerita que se les de la capacidad de legislar en estos temas”, añadió.

Mientras que el experto en finanzas de ESAN, Arturo García, recordó que el Perú aún está en etapa de recuperación y aún debe consolidarse la capacidad de pago de las empresas y personas.

“Si recaudas los impuestos sobre los mismos contribuyentes y no amplías la base, sin buscar formalizar tanto a mypes y a trabajadores informales, realmente no es una medida efectiva porque desincentivas el gasto. En Perú, el 75% de la PEA es informal, esto implica basar el incremento de recaudación solo en ese 25%. Además, el 50% de las mypes son informales; hay un gran campo de acción”, declaró.

Datos

Francke señaló que el Perú tiene una recaudación tributaria y gasto social sumamente bajos, por lo cual se necesita mejorar la administración de impuestos para que el Estado tenga mayores recursos.

“Perú está en alrededor de 20% de los ingresos fiscales (respecto al PBI), mientras que la OCDE está en 40% y el promedio de América Latina en 27%, bastante lejos”, dijo.

Por: Andrea Flores Khalil