El sistema ilegal de préstamos conocido como “gota a gota” ha alcanzado dimensiones alarmantes en el Perú. Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), este esquema criminal ya moviliza más de S/ 4.000 millones bajo modalidades extorsivas, generando un impacto directo en la economía y en la seguridad ciudadana. Jorge Solís, presidente de la federación, advirtió que el monto podría incrementarse hasta en un 50% durante el próximo año si el Estado no interviene de manera urgente para frenar la exclusión financiera y el avance del crimen organizado.
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Expansión del “gota a gota” y retiro de las entidades formales
En declaraciones a Canal N, Solís explicó que el retiro progresivo de las entidades financieras formales de distritos considerados peligrosos ha dejado un vacío aprovechado por los prestamistas informales. “Mientras nosotros nos replegamos, el crédito ha decrecido. El crédito a las MYPES y a las microempresas ha caído en doce por ciento. Pero el gota a gota está creciendo exponencialmente y va a aumentar cincuenta por ciento”, señaló.
De acuerdo con el dirigente, al menos 250 agencias microfinancieras se encuentran actualmente en riesgo de cierre, principalmente en Lima Norte, Trujillo y otras ciudades del norte del país, zonas con alta incidencia de extorsión y violencia. Esta situación, advirtió, podría derivar en una contracción aún mayor del crédito formal y en un fortalecimiento del sistema paralelo manejado por redes criminales.
El crédito informal se dispara y amenaza al sistema financiero
La FEPCMAC ha difundido cifras que reflejan el deterioro del mercado financiero legal frente al crecimiento del crédito informal. Solís recordó que desde hace dos años las cajas municipales vienen alertando sobre el avance del “gota a gota” y los riesgos que representa para la estabilidad económica del país. “Esto lo repetimos hace dos años, nunca se tomó nota de lo que habíamos denunciado. Eran cuatro mil millones y creemos que el próximo año colocarán dinero de lavado de activos por más de seis mil millones”, advirtió.
Si no se implementan medidas correctivas, el dirigente proyecta que el sistema formal podría perder hasta S/10.000 millones en colocaciones durante el 2026. “Si no se toman medidas fuertes, se puede dejar de colocar en el mercado diez mil millones de soles, lo que significa que miles de emprendedores dejarán de tener acceso al crédito. Esto implica menos inclusión financiera y más terreno para la banca criminal”, remarcó.
El costo de la inseguridad: 800 millones invertidos en protección
Ante el incremento de asaltos, extorsiones y amenazas, las cajas municipales han tenido que destinar recursos considerables a reforzar su seguridad. “Este año nada más se han invertido ochocientos millones de soles para la seguridad de las diferentes agencias en nuestro país”, indicó Solís. El dinero se usa en la contratación de personal de resguardo, cámaras de videovigilancia y mejoras en la infraestructura. Sin embargo, muchas instituciones, especialmente las más pequeñas, no pueden sostener estos gastos y se ven obligadas a cerrar o trasladar sus sedes.
De acuerdo con la FEPCMAC, el crédito microfinanciero formal cayó un 16% en 2023, un descenso abrupto frente al crecimiento del 40% registrado el año anterior. Esta reducción se traduce en menos oportunidades para las micro y pequeñas empresas, y en una mayor dependencia de las fuentes informales de financiamiento, donde el “gota a gota” domina cada vez más el mercado.
Las cajas piden garantías estatales para enfrentar el “gota a gota”
Frente a esta situación, la FEPCMAC ha solicitado al Gobierno la creación de programas de garantía estatales focalizados para mantener la oferta de créditos en zonas de alto riesgo. Solís aclaró que no se trata de subsidios, sino de instrumentos similares a los usados durante la pandemia, que permitieron reactivar a las microempresas. “El Estado ya tiene este tipo de herramientas, pero ahora deben aplicarse en las poblaciones más amenazadas por la inseguridad. No podemos cederle el espacio financiero al crimen organizado”, señaló.
El dirigente también denunció la falta de respuestas concretas en materia de seguridad y criticó la gestión del presidente interino José Jerí. “El señor Jerí no está generando confianza al país con lo que hemos visto estos últimos días. Creemos que algo más eficaz es presentar un proyecto que derogue las leyes procrimen, que son seis y que lamentablemente, como congresista, las suscribió y las avaló”, afirmó.
El “gota a gota” y la subida de las tasas de interés
Otro de los efectos colaterales del aumento de la inseguridad es el impacto en las tasas de interés. Según Solís, el riesgo crediticio se ha elevado significativamente, encareciendo los préstamos formales. “Los intereses se componen, y uno de los principales factores del interés es el riesgo. A mayor riesgo, mayor interés. En el mejor de los casos, las tasas subirán; en el peor, se dejará de atender, y eso ya está ocurriendo: por eso hablamos de doce por ciento de caída en los créditos”, explicó.
La reducción del crédito formal y el crecimiento del “gota a gota” crean un círculo vicioso: las empresas y emprendedores sin acceso al sistema financiero terminan recurriendo a préstamos informales con tasas usureras y métodos de cobranza violentos. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que alimenta la expansión del crimen organizado en las principales ciudades del país.
El impacto económico podría superar los S/20.000 millones
Las proyecciones de la FEPCMAC indican que, si el Estado no actúa de inmediato, el impacto económico de la criminalidad vinculada a los préstamos “gota a gota” podría superar los S/20.000 millones en 2025. “La criminalidad no se va a combatir con discursos ni con fotos efectistas, sino con acciones concretas”, enfatizó Solís.
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