Al iniciar el 2026, el Perú enfrenta un escenario económico marcado por la desconfianza, la fragilidad institucional y un crecimiento que no logra despegar. Para diversos analistas, este panorama no responde a un factor aislado, sino al impacto acumulado de políticas populistas aprobadas durante los últimos años, las cuales han debilitado la institucionalidad fiscal y limitado el potencial de desarrollo del país.
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El economista José Luis Tapia Rocha, director general del Instituto de Libre Empresa (ILE), sostiene que el crecimiento económico se mantiene estancado desde hace varios años en niveles cercanos al 3%, una cifra insuficiente para reducir la pobreza y cerrar brechas.
“Tenemos un crecimiento económico estancado, se ha quedado en el orden del 3 o 3.2 %”, advirtió, al señalar que el empleo formal también muestra un desempeño moderado, sin capacidad de absorber a la población económicamente activa.
Si bien el 2025 cerró con algunos indicadores positivos, como el dinamismo de las exportaciones tradicionales impulsadas por los altos precios del cobre y el oro, así como el avance de la agroexportación, estos resultados no reflejan una economía sana en su conjunto. Para Tapia Rocha, los motores actuales responden a un modelo heredado de los años noventa, sin reformas que permitan sostener tasas de crecimiento más altas en el mediano plazo.
Finanzas públicas
El principal daño del populismo, según el economista, se observa en las finanzas públicas. Durante el año pasado, el déficit fiscal se mantuvo por encima del rango meta, presionado por un gasto corriente creciente e inestable. A pesar de los anuncios de austeridad, el incremento de remuneraciones y otros gastos en el sector público volvió a tensionar las cuentas fiscales.
“Se ve una gran inestabilidad en el gasto público, se anuncian ajustes y al día siguiente aparecen nuevos incrementos”, señaló.
A ello se suma el riesgo político sobre la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Tapia Rocha alertó sobre propuestas orientadas a utilizar parte de las reservas internacionales para fines distintos a su función macroeconómica, una iniciativa que calificó como peligrosa.
“Querer usar las reservas internacionales desnaturaliza el rol del Banco Central y genera desconfianza inmediata”, afirmó.
Aumenta burocracia
Desde una perspectiva institucional, el impacto del populismo se refleja en la proliferación de leyes que incrementaron la burocracia y cerraron espacios al sector privado. Tapia Rocha recordó que, desde el 2011, el crecimiento del gasto corriente y de las funciones del Estado fue acompañado por una desaceleración progresiva del PBI. Este fenómeno, explicó, responde a un marco legal cada vez más restrictivo, tanto para grandes inversiones como para pequeños emprendimientos.
“Cada nueva ley se ha convertido en un obstáculo para la inversión y la libertad de emprendimiento”, sostuvo.
Credibilidad del MEF
Esta visión es compartida por el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien advirtió que las medidas populistas debilitaron la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas frente al Congreso.
A su criterio, la incapacidad para frenar iniciativas de alto costo fiscal generó contingencias significativas para el Estado.
«El impacto negativo ha estado en la pérdida de credibilidad para contener el populismo legislativo”, indicó.
Castilla precisó que el problema no se limita al déficit, sino al uso recurrente del ahorro público desde la pandemia, sin una estrategia clara de reposición. El país no solo recurrió a mayor endeudamiento, sino también al uso de activos fiscales destinados a enfrentar emergencias. Esta situación, advirtió, reduce el margen de maniobra para aplicar políticas contracíclicas ante eventuales crisis.
Más factores
Además, el exministro subrayó que el deterioro institucional va más allá del ámbito fiscal. La paralización de obras públicas, la excesiva carga regulatoria y la inseguridad ciudadana conforman un entorno adverso para la inversión.
“El Perú podría crecer fácilmente al doble de su ritmo actual, pero no lo hace por problemas institucionales acumulados”, afirmó, al señalar que la criminalidad y las extorsiones encarecen los costos operativos de las empresas, especialmente en regiones del norte.
Las proyecciones económicas apuntan a un crecimiento similar o incluso ligeramente inferior al registrado el año pasado. Ambos economistas coinciden en que el periodo electoral incrementará la incertidumbre y mantendrá contenida la inversión privada, mientras el gasto público podría acelerarse con fines políticos, profundizando los desequilibrios.
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