El Congreso de la República aprobó recientemente una controversial ley que redistribuye el Impuesto General a las Ventas (IGV) con el objetivo de «descentralizar los recursos» y fortalecer a las municipalidades.
Puedes leer ► Requisitos generales para solicitar la pensión conyugal ONP en 2025
Actualmente, del 18% que se recauda por IGV, el 16% se destina al gobierno central y el 2% a las municipalidades de todo el Perú por medio del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). La reciente reforma aprobada por el Congreso reducirá la participación del primero al 14% y aumentará la del segundo al 4%.
¿El IGV bajará?
Sobre el tema, el economista Patricio Lewis, miembro de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), aclaró que el IGV no se reducirá para los consumidores finales, sino que cambiará la forma de repartición entre el Gobierno central y los municipios. El impuesto seguirá siendo del 18%, pero la porción que se asigna al Foncomun se duplicará, pasando del 2% al 4%, en un proceso gradual que incrementará 0.5 puntos porcentuales por año hasta llegar al nuevo reparto.
“El objetivo no es reducir el IGV, sino redistribuirlo para que más recursos lleguen a los municipios, especialmente a aquellos con mayor pobreza y carencias básicas como agua, luz y desagüe”, señaló el economista a RPP.
¿Qué es el Foncomun y para qué sirve?
El Foncomun, creado en 1980 mediante la Ley de Tributación Municipal, es un mecanismo de redistribución fiscal que busca garantizar recursos mínimos a todas las municipalidades del país, independientemente de su capacidad de recaudación. Se financia con una fracción del IGV y se asigna según criterios como:
- Población
- Necesidades básicas insatisfechas
- Niveles de pobreza
- Capacidad de gestión
- Extensión territorial
Este fondo permite a los municipios cubrir servicios básicos como el pago de sueldos, limpieza de calles, mantenimiento de parques y alumbrado público.
Advertencia de impacto fiscal: ¿riesgo para el Estado?
Sobre el tema, el exjefe de la SUNAT, Luis Arias Minaya, advirtió que esta iniciativa podría ser inconstitucional debido a que las municipalidades ya reciben recursos por otros mecanismos.
En tanto, el economista y docente Waldo Mendoza, calificó la propuesta como «la ley fiscal más dañina de este siglo» y podría generar una pérdida de ingresos para el Gobierno central de hasta S/ 10,000 millones anuales. Argumentó que es el gobierno central es el que elabora el presupuesto público, y ahora se enfrenta a una situación en la que había presupuestado gastos (proyectos y/o inversiones) con el 14 % del IGV.
Lewis confirmó esta posibilidad y explicó que estos recursos actualmente son utilizados para sectores clave como defensa nacional e infraestructura.
El exministro de Economía y Finanzas Jorge González Izquierdo, alertó que la pérdida de ingresos obligaría al próximo gobierno, que asumirá en 2026, a hacer recortes de gasto significativos para cumplir la meta fiscal. Esto podría desacelerar la economía y afectar directamente al ciudadano.
El verdadero desafío: eficiencia en la gestión municipal
Patricio Lewis indicó que el mayor problema de esta ley (que deberá ser aprobada o rechazada por el Ejecutivo) no es cuánto dinero se transfiere a los gobiernos subnacionales sino cómo se gestiona:
“Los gobiernos locales enfrentan serias limitaciones de ejecución. En los últimos 5 años, las municipalidades han sido el nivel de gobierno con menor avance en inversión pública”, precisó.
González Izquierdo, por su parte, advirtió en Canal N que esta medida podría tener una motivación política, al beneficiar a gobiernos locales controlados por partidos aliados del Ejecutivo de cara a las elecciones presidenciales y municipales.
¿Alzas en otros impuestos?
Finalmente, se refirió a las iniciativas adicionales que buscan incrementar el Impuesto a la Renta, lo cual impactaría directamente a los trabajadores formales. Según el especialista, esta medida sería contraproducente: “Desde el punto de vista económico, lo adecuado es gravar el consumo y no el ingreso”, puntualizó.
Suscríbete a nuestro RSS