La minería ilegal en Perú ha alcanzado cifras récord en lo que va del 2024. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro —gran parte sin trazabilidad legal— sumaron 7,415 millones de dólares, registrando un incremento del 54 % respecto a 2023. Este crecimiento alarmante se da en paralelo con el aumento de la violencia, la deforestación y el avance del crimen organizado en regiones clave como La Libertad y Madre de Dios.
Puedes leer ► «En algún momento los voy a reducir»: Trump habla sobre los aranceles a China
Impulsado por el alto precio internacional del oro —que superó los $3,000 por onza— y una fiscalización estatal débil, el Perú se ha convertido en el principal exportador de oro ilegal en América del Sur, concentrando el 44 % del total regional. Esta tendencia refleja la falta de control en la cadena de suministro del mineral y una permisividad institucional preocupante.
El informe del IPE también destaca un cambio en los destinos de exportación del oro peruano: hace una década, el 75 % se dirigía a países con altos estándares como Suiza, Estados Unidos y Canadá. Hoy, alrededor del 40 % tiene como destino India y Emiratos Árabes Unidos, mercados que exigen muy poco en términos de trazabilidad y legalidad del origen del oro.
Impacto de la minería ilegal: más homicidios y pérdida de bosques
El avance de esta economía ilegal va más allá del ámbito financiero. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios en Perú pasó de 3.5 a 6.0 por cada 100,000 habitantes. En zonas asociadas directamente con la minería ilegal, como Madre de Dios y La Libertad, el incremento fue aún más preocupante: +6.5 y +6.1 puntos, respectivamente.
La deforestación en la Amazonía peruana también ha sido devastadora. Según el Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino (MAAP), la minería ilegal provocó la pérdida de 31,000 hectáreas de bosque en solo tres años, el equivalente a unas 43,000 canchas de fútbol.
Recortes presupuestales y fracaso en la formalización
A pesar de la creciente amenaza, el presupuesto estatal para combatir la minería ilegal ha caído 37 % en términos reales desde 2019. En 2024, se asignaron solo S/ 89 millones al programa “Reducción de la minería ilegal”, muy por debajo de los S/ 121 millones registrados cinco años atrás.
Asimismo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado para integrar a los mineros artesanales al sistema formal, ha demostrado ser ineficaz. De los más de 84,000 registros, el 76 % están suspendidos, pero sus titulares siguen operando sin ser sancionados, amparándose en vacíos legales.
IPE propone cerrar el Reinfo y aplicar una política integral
Frente a este panorama, el IPE plantea cerrar definitivamente el Reinfo y reemplazarlo por una estrategia integral de formalización minera, sin nuevas ampliaciones de plazos ni perdón de responsabilidades penales. La propuesta exige un liderazgo articulado entre el Ejecutivo y el Congreso, con un enfoque técnico, sostenido y alejado de decisiones populistas.
Además, se propone implementar un sistema de trazabilidad robusto para el oro, reforzar la presencia del Estado en las zonas más afectadas y dotar de recursos a las entidades clave, como el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). También se destaca la necesidad de combinar inteligencia operativa, fiscalización efectiva y acompañamiento técnico como pilares de una lucha real contra la minería ilegal.
Suscríbete a nuestro RSS