La región Piura atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia reciente. Según el último informe de Demografía Empresarial del INEI, durante el primer trimestre de 2025 cerraron 8,375 empresas, en su mayoría micro y pequeñas. Esta cifra que duplica ampliamente el número de negocios nuevos inscritos en el mismo periodo, que fue de apenas 3,673.
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Este retroceso empresarial implica la pérdida de más de 20 mil puestos de trabajo, así como la paralización de diversos proyectos económicos en marcha. Detrás de este fenómeno, la inseguridad y las amenazas del crimen organizado aparecen como factores determinantes que han minado la confianza en el entorno de negocios.
Piura, además, se ubica como la tercera región con mayor número de denuncias por extorsión en el país. Entre enero y mayo de este año se han registrado 1,253 casos, lo que representa un incremento del 51 % en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL).
Además, se estima que por cada denuncia presentada, al menos tres casos quedan en silencio debido al temor a represalias. La Encuesta Económica Anual del INEI reveló que, solo en 2023, más del 20% de empresarios locales admitieron haber sido víctimas de delitos vinculados a extorsión, cobros por “protección” o amenazas contra sus trabajadores y familias.
Minería ilegal
A este escenario se suma el avance de la minería ilegal en zonas como Tambogrande, Las Lomas y Suyo. Esta actividad, además de causar estragos ambientales, estaría alimentando redes criminales dedicadas al sicariato, tráfico de armas y lavado de activos. Lo más grave: opera sin control estatal y con total impunidad.
Al respecto, el jefe de la Región Policial de Piura, general Manuel Farías, señaló que esta actividad ilícita mueve alrededor de 900 toneladas de oro al año.
“Estamos hablando de casi 900 toneladas de oro al año que salen de Piura procedentes de la minería ilegal. Mire lo que estamos enfrentando”, sostuvo Farías, quien también advirtió sobre la creciente presencia de mineros ilegales provenientes de otras regiones del país y del vecino país de Ecuador.
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