La lucha contra la minería ilegal en el Perú registró importantes acciones durante el 2025. Según cifras oficiales, el valor del material utilizado por esta actividad ilícita que fue intervenido —ya sea decomisado o destruido— alcanzó cerca de 4,000 millones de soles en todo el país.
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Así lo informó el general FAP (r) Rodolfo García, Alto Comisionado para el Combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien destacó que el Estado ha intensificado los operativos de interdicción y ha fortalecido el marco legal para enfrentar este delito que afecta el ambiente, la economía y la seguridad en varias regiones del país.
Las declaraciones se dieron tras su participación en la Convención Nacional de Productividad y Políticas para la Minería a Pequeña Escala Indumin 2026, organizada por GERENS y la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde autoridades, especialistas y representantes del sector analizaron los principales desafíos para combatir esta actividad ilícita.
Operativos contra la minería ilegal alcanzaron cifras récord
Uno de los indicadores que refleja el aumento de las acciones contra la minería ilegal es el número de operativos realizados en el país. De acuerdo con García, en el 2024 se llevaron a cabo 745 intervenciones a nivel nacional, mientras que en el 2025 la cifra se elevó a 1,037 operativos.
La mayoría de estas acciones se concentraron en la región Madre de Dios, considerada uno de los principales focos de explotación ilegal de minerales en el Perú. Durante estas intervenciones, las autoridades destruyen dragas, maquinaria pesada, motores, combustible y otros insumos utilizados en la extracción ilegal de oro.
El valor económico de todo ese material incautado o destruido el año pasado llegó a cerca de 4,000 millones de soles, una cifra que evidencia la magnitud de los recursos que mueve la minería ilegal en el territorio nacional.
¿Qué medidas legales se están tomando contra la minería ilegal?
Además de los operativos, el Gobierno ha impulsado cambios en el marco normativo para fortalecer la persecución de este delito ambiental. Entre las principales medidas figura el Decreto Legislativo 1695, que modifica el Código Penal con el objetivo de reforzar las sanciones vinculadas a la minería ilegal.
Esta norma amplía el alcance de las investigaciones e incorpora nuevos eslabones de la cadena de valor del delito, lo que permitirá a los operadores de justicia actuar no solo contra quienes realizan la extracción ilegal, sino también contra quienes participan en el acopio, transporte y procesamiento del mineral obtenido de manera ilícita.
Según el alto comisionado, estos cambios buscan brindar más herramientas legales a la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones que participan en la lucha contra esta actividad.
“Hay evidencias de que existe un compromiso del Estado para enfrentar la minería ilegal, pero también es un esfuerzo que debe involucrar a toda la sociedad”, señaló García en declaraciones a la Agencia Andina.
Estrategia nacional contra la minería ilegal al 2030
Otro de los avances destacados por las autoridades es la aprobación de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la minería ilegal en el Perú al 2030, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2025-IN.
Este instrumento estratégico plantea una intervención integral del Estado a través de 68 acciones concretas que involucran a diversas entidades públicas.
Entre los principales ejes se encuentran el fortalecimiento de los operativos de interdicción, el control de las plantas de procesamiento, la fiscalización de insumos químicos y explosivos, así como acciones contra el crimen organizado que suele estar vinculado a la extracción ilegal de minerales.
También se busca mejorar la coordinación entre instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y las Fuerzas Armadas en aquellas zonas donde rigen estados de emergencia.
Más presupuesto para enfrentar la minería ilegal
El presupuesto destinado a combatir la minería ilegal también ha registrado un incremento significativo en los últimos años. Según explicó el alto comisionado, en el 2024 el Estado contaba con alrededor de 70 millones de soles para estas acciones a nivel nacional.
Para el 2025, el monto se elevó a 178 millones de soles, lo que representa más del doble de los recursos disponibles el año anterior.
Este incremento busca fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de enfrentar esta actividad ilícita, permitiendo mayor presencia del Estado en zonas afectadas por la explotación ilegal de minerales.
El modelo Pataz para controlar la minería ilegal
Entre las estrategias implementadas recientemente destaca el denominado “modelo Pataz”, aplicado en la provincia del mismo nombre en la región La Libertad.
Este sistema consiste en la instalación de puntos de control multisectoriales en las rutas fiscales por donde se transporta el material minero.
En estos puestos participan diversas instituciones del Estado como la Sunat, Sucamec, Sutran, Migraciones, el Ministerio de Energía y Minas, la Policía Nacional y la Fiscalía especializada en delitos ambientales.
El objetivo es realizar una trazabilidad del mineral que sale de las zonas de explotación y verificar que su origen sea legal. Al mismo tiempo, se controla el ingreso de insumos utilizados en la minería ilegal, como explosivos, combustibles y sustancias químicas.
Según García, este sistema podría fortalecerse aún más con la implementación de un sistema interoperable para la pequeña minería y la minería artesanal, que permitirá registrar información digital sobre la producción, transporte y comercialización del mineral.
Impacto ambiental de la minería ilegal en el Perú
Más allá de los aspectos económicos y legales, la minería ilegal genera graves impactos ambientales en distintas regiones del país.
Uno de los principales problemas es la contaminación por mercurio, una sustancia utilizada en el proceso de extracción de oro. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente existen 225 cuerpos de agua contaminados por este metal en el Perú.
Esta situación afecta a peces, aves y otras especies, además de representar un riesgo para las comunidades que dependen de los ríos para su alimentación y consumo de agua.
Ciudades como Iquitos, por ejemplo, obtienen parte de su abastecimiento del río Nanay, una cuenca donde se ha detectado presencia de minería ilegal.
¿Qué zonas del país están más afectadas?
Entre las regiones más impactadas por la extracción ilegal de minerales destaca Madre de Dios, donde la actividad ha provocado deforestación, contaminación de ríos y afectación a áreas naturales protegidas.
Uno de los espacios más sensibles es la Reserva Nacional de Tambopata, donde las autoridades han realizado operativos para retirar a grupos dedicados a la minería ilegal.
En esta zona se han instalado puestos de control a lo largo del río Malinowski, operados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) con apoyo de la Policía Nacional, la Dicapi y la Fiscalía de Medio Ambiente.
¿Por qué la minería ilegal es considerada una de las mayores economías ilícitas?
Las autoridades coinciden en que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas más rentables en el país.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad moviliza alrededor de 40,000 millones de soles al año, superando incluso a economías ilegales como el tráfico ilícito de drogas o la trata de personas.
Por esta razón, los especialistas consideran que el combate contra la minería ilegal requiere un enfoque integral que combine acciones policiales, fortalecimiento del marco legal, formalización de la minería artesanal y desarrollo de alternativas económicas en las zonas afectadas.
En ese sentido, las autoridades señalan que el objetivo no es solo realizar operativos de interdicción, sino también recuperar los territorios impactados y promover actividades productivas sostenibles que reduzcan la dependencia de las economías ilegales.
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