Una desaceleración del crecimiento económico en Perú podría desencadenar una grave crisis social y revertir los avances logrados en la lucha contra la pobreza. Así lo advirtió el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que estima que más de 10.9 millones de peruanos —equivalente al 31.8% de la población— podrían caer en situación de vulnerabilidad económica si el país no mantiene un ritmo de expansión sostenido.
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La pobreza monetaria podría aumentar si la economía se estanca
Actualmente, según cifras del Banco Mundial, el 27.5% de los peruanos vivía en condición de pobreza monetaria al cierre del 2024. Sin embargo, esta cifra podría escalar si no se registran tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) superiores al 3.5%.
“La vulnerabilidad económica sigue siendo alta en Perú. Si no se adoptan medidas estructurales y políticas de inversión sostenida, el progreso alcanzado podría revertirse rápidamente”, afirmó Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.
¿Cómo cerró el primer trimestre de 2025 la economía peruana?
Pese a los desafíos relacionados con la inestabilidad política y la creciente inseguridad ciudadana, la economía nacional mostró señales de recuperación. En el primer trimestre de 2025, el PBI creció un 4%, siendo marzo el mes con mayor dinamismo, con un incremento del 4.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento fue impulsado principalmente por el buen desempeño de sectores como la agroindustria, la minería y los servicios. Sin embargo, especialistas del IEDEP advierten que este avance podría ser efímero si no se fortalecen las condiciones para una inversión sostenida y se apuesta por mejorar la infraestructura social.
Principales sectores impulsores
- Agroindustria: aumento de exportaciones y diversificación de mercados.
- Minería: recuperación de precios internacionales y nuevos proyectos en ejecución.
- Servicios: crecimiento del turismo y digitalización de pequeñas empresas.
Persisten las desigualdades entre lo urbano y lo rural
Uno de los mayores retos estructurales del país sigue siendo la desigualdad entre zonas urbanas y rurales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria se redujo ligeramente de 29% en 2023 a 27.6% en 2024, beneficiando a aproximadamente 386 mil personas. Sin embargo, la distribución de esta mejora no ha sido uniforme.
En las zonas urbanas, la pobreza afecta al 24.8% de los ciudadanos, mientras que en el ámbito rural, esta cifra asciende a un alarmante 39.3%.
“Una economía que crece pero no distribuye sus beneficios termina profundizando las brechas sociales. Más del 60% de la población rural depende de la informalidad, con ingresos precarios y limitado acceso a servicios básicos”, añadió Milagros Torres.
¿Qué implica dejar de crecer para la pobreza en Perú?
Según el IEDEP, si la economía peruana no mantiene un ritmo de crecimiento superior al 3.5% anual, los avances en la reducción de la pobreza podrían desaparecer en corto plazo. El riesgo es que millones de peruanos en situación de vulnerabilidad retornen a niveles de ingresos que los ubican por debajo de la línea de pobreza, lo cual podría generar inestabilidad social y mayor presión sobre los programas asistenciales del Estado.
El país enfrenta una situación de alta informalidad laboral, desigualdad de oportunidades y deficiente acceso a servicios de salud, educación y saneamiento, especialmente en regiones alejadas de la capital. Estos factores agravan el impacto de cualquier shock económico.
¿Qué medidas se deben tomar para evitar un retroceso?
Expertos coinciden en que el país necesita un enfoque integral que combine crecimiento económico sostenido con políticas redistributivas. Entre las recomendaciones clave están:
- Impulsar la inversión pública en infraestructura, sobre todo en regiones del interior del país.
- Formalizar el empleo a través de incentivos tributarios y acceso al crédito para las pequeñas empresas.
- Reforzar los programas sociales que protegen a la población vulnerable ante crisis económicas.
- Fortalecer la gobernabilidad y reducir la incertidumbre política para atraer capitales privados.
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