El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió sobre los efectos económicos que tendría la reciente aprobación en el Congreso para otorgar gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Según sus declaraciones, este cambio incrementará de manera significativa el gasto corriente del Estado y pone en evidencia la ausencia de un sistema meritocrático en el servicio civil.
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¿Qué dijo Julio Velarde sobre las gratificaciones y CTS en CAS?
Durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre, Julio Velarde explicó que el impacto de esta medida superaría los S/ 2,000 millones, lo que representa una presión considerable para las finanzas públicas. El economista precisó que el problema no radica únicamente en el régimen CAS, sino en la falta de un sistema de evaluación meritocrática que garantice un servicio civil profesional y eficiente.
“En los últimos años está aumentando el gasto corriente. En el tema de CAS está en más de S/ 2,000 millones el impacto. Son varios problemas, no hay meritocracia”, señaló el titular del BCRP.
El Congreso de la República aprobó en primera votación que los trabajadores CAS puedan recibir dos beneficios que hasta ahora no se les reconocía: las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios. Esta decisión llega en medio de un aumento en el presupuesto público, que contempla mayores gastos en remuneraciones para los próximos años.
La medida ha generado debate, pues si bien busca reconocer derechos laborales, también implica un incremento en la planilla estatal en un contexto de limitada capacidad fiscal. En paralelo, se discute la continuidad de la Ley Servir, diseñada para impulsar una carrera pública meritocrática.
La postura del presidente del BCRP
Julio Velarde subrayó que el principal desafío no es el reconocimiento de derechos laborales, sino la ausencia de mecanismos que aseguren que el ingreso y permanencia en el sector público estén basados en la meritocracia. Para él, el Estado necesita avanzar hacia un servicio civil profesional que priorice la capacidad, la experiencia y la formación de los trabajadores.
En ese sentido, aunque reconoció las limitaciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), consideró un error plantear su eliminación total. Según indicó, mejorar el sistema de gestión pública es una tarea que deberá asumir el próximo gobierno.
“Servir es cierto que no ha funcionado como se esperaba, pero eso no significa renunciar a tener realmente un mejor servicio civil que sea meritocrático. No se trata de suprimirlo, sino tal vez de buscar cómo mejorarlo”, declaró Velarde.
El aumento en los compromisos laborales, como las gratificaciones y la CTS, se suma a un panorama fiscal complejo. Según cifras recientes, el gasto en remuneraciones públicas ha tenido un crecimiento sostenido y se proyecta que para 2026 alcance los S/ 93.5 mil millones. Este nivel de gasto, advirtió Julio Velarde, debe ser monitoreado para evitar que comprometa la estabilidad de las cuentas nacionales.
¿Qué riesgos existen?
- Un mayor déficit fiscal si el gasto corriente crece más rápido que los ingresos.
- Menor espacio para inversión pública en infraestructura y proyectos sociales.
- Dificultades para mantener la disciplina fiscal en un escenario de bajo crecimiento económico.
La discusión sobre Servir y el futuro del servicio civil
En paralelo al debate sobre los beneficios laborales, en el Congreso también se discute una posible derogatoria de la Ley Servir. Este marco normativo buscaba profesionalizar el servicio público y establecer evaluaciones de desempeño más transparentes. Sin embargo, las críticas sobre su limitada aplicación han abierto la puerta a propuestas de reforma o incluso eliminación.
Para Julio Velarde, eliminar Servir sería un retroceso en la búsqueda de un Estado moderno y eficiente. Por el contrario, recomendó fortalecerlo para garantizar un servicio civil basado en méritos y no únicamente en decisiones políticas o coyunturales.
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