La crisis de Petroperú vuelve a profundizarse en medio de constantes cambios en su alta dirección y un escenario financiero cada vez más adverso. A más de un mes de la conformación del nuevo directorio, la petrolera estatal enfrenta otro relevo en su presidencia, mientras especialistas advierten graves consecuencias.
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Este contexto coincide con la reciente decisión de la agencia estadounidense S&P Global Ratings de rebajar la calificación crediticia de la empresa, una señal de alerta con repercusiones más allá del sector energético.
La Junta General de Accionistas, integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), resolvió dar por concluida la designación de Luis Canales como presidente del directorio y nombrar en su reemplazo a Elba Rojas, quien se desempeñaba como directora independiente.
Con ello, Rojas se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia del máximo órgano de gobierno de Petroperú, mientras Canales continuará como director independiente en una empresa sometida a un proceso de reorganización.
Críticas a la gestión y al rol del MEF
Para el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez Peña, la crisis actual no es un fenómeno reciente, sino el resultado de una cadena de decisiones erradas acumuladas durante varios años. A su juicio, la falta de comprensión técnica del problema y la subordinación al poder político han sido determinantes en el deterioro de la empresa.
“Desde el 2022 se hace manifiesta la crisis de Petroperú, incubada desde el 2014. Ninguno de los ocho ministros que han pasado por el MEF se ha preocupado en entender el detalle de la problemática de la petrolera. El tema de fondo es si los ingresos generados y proyectados pueden cubrir el servicio de la deuda, a lo que se ha sumado una laxitud absoluta en fiscalizar el uso de los fondos capitalizados o prestados”, sostuvo.
El exfuncionario también cuestionó el comportamiento de los titulares del MEF en los últimos años, a quienes atribuyó una actuación errática y poco técnica en la conformación de los directorios.
“Los ministros han oficiado como prestamistas, negacionistas del apoyo o aportantes de capital, pero todos se han sometido al poder político para designar directorios donde la mayoría no conoce el sector de refinación de petróleo ni de finanzas internacionales. En ese contexto, la irresponsabilidad ha sido inmensa”, afirmó.
“Una señal de incapacidad”
En una línea similar, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que colocar personas sin conocimiento previo en la cúspide de una empresa estratégica constituye un error recurrente de los gobiernos. Según explicó, la falta de continuidad y de criterio técnico termina por agravar la situación financiera de Petroperú y del país.
“Uno no puede comenzar su carrera en una empresa como presidente, salvo que sea el propietario. Desde que se llega a la cúspide se toman decisiones, y esas decisiones deben adoptarse con conocimiento. Muchos gobiernos han puesto gente a aprender y Petroperú ha llegado a esta situación desastrosa precisamente por eso”, señaló.
Herrera Descalzi consideró que el cambio de presidencia en un lapso menor a un mes evidencia una grave incapacidad en la conducción del Estado y envía una señal negativa a los mercados internacionales.
“Si un gobierno nombra a un presidente y lo cambia a las cinco semanas, comete un grave error. Esto refleja la forma como se está manejando el país. La sensación que deja el Perú es la de un Estado inestable, y cuando una empresa estatal cambia constantemente de cabeza, el efecto es el mismo”, advirtió.
Rebaja crediticia y señales de desconfianza
En paralelo a la inestabilidad interna, S&P Global Ratings anunció la reducción de la calificación crediticia de Petroperú de B a B-. Según la firma calificadora, la decisión responde a una mayor incertidumbre respecto al respaldo del Gobierno peruano y a su capacidad para implementar medidas correctivas en la empresa estatal, en un contexto marcado por persistentes cambios políticos. Esta rebaja no solo afecta a la petrolera, sino que proyecta un riesgo adicional para la percepción financiera del país.
Impacto más allá de Petroperú
El exministro subrayó que la rebaja de la calificación crediticia no se limita a Petroperú, sino que alcanza al propio Estado peruano, al ser su propietario. Este deterioro incrementa el riesgo país y encarece el acceso al financiamiento externo, tanto para el sector público como para el privado.
“La baja de calificación no es solo para la empresa, es para el país. Si el riesgo país aumenta, suben las tasas de interés. Eso perjudica a los empresarios, a las personas de a pie y a todos los que necesitan crédito. No es el mercado el que cambia, es la percepción sobre el país”, concluyó.
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