En medio de un año electoral, el Congreso aprobó el proyecto de ley para incrementar la pensión de los docentes jubilados de S/800 a S/3.300. De inmediato el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció una etapa de lucha para lograr que el Ejecutivo promulgue la medida.
Para los economistas consultados, se trata de una medida irresponsable que no tiene respaldo técnico y que afectaría el presupuesto del sector Educación. En la vereda del frente, el Sutep y un exministro señalan que se trata de un acto de justicia social frente a las pensiones indignas que reciben los jubilados que le dedicaron su vida a la educación.
Según el exdecano del Colegio de Economistas, Williar Hidalgo, la iniciativa nace de una pretensión justa, pero representa un gran costo fiscal para el Estado.
“La propuesta, tal como está planteada, representa un gasto adicional significativo y de carácter permanente. Para atender a los 162.000 docentes jubilados y cesantes, se requeriría un desembolso de S/ 405 millones mensuales adicionales, [que] multiplicado por doce meses [arroja una] cifra requerida de S/4.860 millones adicionales. Esta cifra es el 40% del presupuesto de educación de gastos nuevos, que se destinarían para gasto corriente”, sostuvo en diálogo con El Tiempo.
Precedente
Hidalgo advierte que esta modalidad de ajustar pensiones creará un precedente negativo que pone en riesgo la sostenibilidad del Estado.
“Una medida de este tipo podría sentar un precedente para otros grupos de funcionarios públicos, como policías, médicos y personal administrativo, quienes también buscarían una mejora sustancial en sus pensiones. Esto, en un país con recursos fiscales escasos y una alta informalidad, podría desencadenar una espiral de gasto insostenible, comprometiendo la solvencia del Estado y nuestra capacidad para enfrentar futuras crisis”, acotó.
De otro lado, el economista cuestiona que se juegue con las expectativas de miles de pensionistas en estos momentos de crisis económica.
“La mejor vía sería un incremento gradual y progresivo de las pensiones. De esta manera, el Estado podría ir asumiendo el gasto de forma escalonada, evitando un impacto fiscal abrupto y garantizando que la promesa se cumpla de manera sostenible. Jugar con las expectativas de los jubilados con un proyecto de ley que no tiene el respaldo fiscal necesario es irresponsable”, apuntó Hidalgo.
Lucio Castro: «Se dignifica al maestro»
Es un proyecto de ley que dignifica a los cesantes y jubilados. Hoy tenemos a extrabajadores que tienen pensiones de S/472 soles hasta S/1.100 soles y con esa cantidad no se vive, sino que se subsiste. La historia nos indica que cuando se ha tratado de una atención a los trabajadores la respuesta del Estado siempre ha sido negativa, diciendo que no se puede y que no hay plata.
Hoy volvemos a ese caminar de exigencia y lucha para asegurar que el Estado promulgue la ley. Ha dicho el ministro que esto tendrá impacto económico, pero nosotros decimos que se requiere primero justicia social y decisión política. La propuesta del Sutep es que aquellos que están en el sistema privado desarrollando educación ahora paguen impuestos.
La segunda propuesta es que ahora los 420 mil trabajadores [en educación] pagan impuesto a la quinta categoría, con lo cual se genera un fondo importante.
Todos los profesores nombrados que están en las distintas escalas [de la ley de reforma magisterial] pagan impuesto a la quinta categoría desde 300 a 1000 soles. Aquí se genera un fondo importante y eso serviría para cubrir esta demanda.
Idel Vexler: «No alcanza ni para las medicinas»
La pensión promedio es de 800 soles lo cual está por debajo del sueldo mínimo e inclusive existen maestros muy mayores que reciben 350 soles. Son pensiones indignas y miserables que no les alcanza ni para las medicinas. Realmente, es un trato inhumano de parte del Estado peruano.
Espero que los economistas y funcionarios de los ministerios de Economía, Trabajo y Educación no solamente vean el problema en el sentido del dinero sino que busquen fuentes de financiamiento para una aplicación progresiva de la ley. Si el promedio de pensión son 800 soles y la diferencia son 2500 soles para llegar, yo sugiero aumento de 500 soles progresivos en los siguientes dos años. Ahora, hay un problema bien grave que se estaría produciendo en caso el proyecto de ley no se aplique.
Un maestro de la primera escala de la reforma magisterial gana S/3.300 y en noviembre ganará S/3.500; en tanto los profesores de cuarta y quinta escala llegan alrededor de S/5.000, así como en la octava escala pueden llegar a más de S/7.000 con 30 horas.
Ahora ese grupo de docentes no quieren llegar a los 65 años porque significa estar en la pobreza absoluta con esas pensiones miserables. Así como buscan recursos para generar planillas doradas de los funcionarios, que vean la forma de cómo encontrar los recursos para resolver el problema.
Víctor Fuentes: «Por decreto no se mejoran pensiones»
Hay un costo económico y fiscal importante estimado en S/500 millones. En un contexto donde se está gastando más de lo que ingresa, no es poca plata. La mayor parte del riesgo no sólo está circunscrito al costo fiscal. Lo más dañino es cómo esta medida genera un precedente muy malo para la discusión sobre políticas públicas. Todos vamos a estar de acuerdo en que es importante tener mejores pensiones, pero no podemos lograrlo por decreto.
Las pensiones y los salarios son una ecuación que está en función de los ingresos, el tiempo de trabajo, los años de aporte y su frecuencia. En este caso es muy claro que hay una fuerte presencia del Bloque Magisterial [del Congreso] que están legislando para sí mismos.
Además de no ser ético, abre la puerta de que en adelante cualquier tipo de negociación va a estar condicionada de quién tiene más representación y posibilidades de hacer llegar su voz. En lugar de pensar de cómo se suben las pensiones para todos, lo cual sería lo ideal, tratar de hacerlo para grupos específicos abre espacios para el clientelismo político.
Hoy son los profesores y mañana van a ser otros grupos y el presupuesto es limitado. Esto abre una caja de pandora que no tiene que ver con políticas públicas sino que tiene que ver con clientelismo político y quien tiene más poder.
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