Piura afronta un escenario minero con dos realidades marcadas. Mientras la actividad formal proyecta inversión, empleo y mejora de servicios, la extracción ilegal e informal avanza en provincias como Suyo, Las Lomas y Ayabaca, con impacto directo en suelos, fuentes de agua y convivencia social.
Según Eusebio Cruz, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad César Vallejo, la minería ilegal se desarrolla en zonas donde el Estado prohíbe toda explotación, incluidas áreas naturales protegidas, lo cual impide su regularización. En cambio, la actividad informal puede formalizarse si cumple exigencias técnicas, ambientales y administrativas.
Ambas modalidades generan consecuencias negativas cuando operan fuera del marco legal. La extracción ilícita contamina ríos y terrenos con relaves, no aporta canon ni regalías y se asocia a delitos como trata de personas.
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