El Retiro AFP en 2025 parece cada vez más lejano para los afiliados que esperaban que la medida se apruebe en agosto. Ayer, el Congreso de la República definió a los integrantes de las comisiones ordinarias para la legislatura unicameral 2025-2026, un paso clave para determinar el futuro de esta propuesta.
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En particular, la Comisión de Economía, instancia encargada de agendar y debatir los proyectos relacionados al retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, quedó bajo la presidencia de Fuerza Popular, un partido que históricamente se ha mostrado reticente a la aprobación de retiros masivos.
La importancia de la Comisión de Economía en el retiro AFP
Actualmente, existen 19 proyectos que buscan permitir a los afiliados retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21,400. Antes de llegar al Pleno, estos proyectos deben pasar por un predictamen en la Comisión de Economía. La presidencia de esta comisión no solo establece el orden del día, sino que también puede acelerar o retrasar la discusión de temas clave, como el Retiro AFP en 2025.
Con la designación de Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular, como presidente de la Comisión, el panorama no parece alentador para quienes esperan un octavo retiro. El partido, aunque en ocasiones ha votado a favor de medidas similares, ha expresado en reiteradas oportunidades su oposición a los retiros masivos por el impacto que generan en el sistema de pensiones.
La postura de Fuerza Popular frente a los retiros AFP
En el 2024, Fuerza Popular intentó limitar el séptimo retiro AFP únicamente a desempleados e incluso propuso incluir restricciones en su proyecto de reforma de pensiones. Sin embargo, la presión de otras bancadas llevó a que la medida se apruebe de forma general, permitiendo el retiro de hasta 4 UIT.
El propio Víctor Flores Ruiz declaró en abril de 2025 a Canal N que no apoya ningún retiro adicional: “El número de afiliados se ha reducido drásticamente. Más de S/ 70 mil millones han sido retirados, lo que significa que esos fondos no estarán disponibles para la jubilación de millones de peruanos, convirtiéndolos en una futura carga para el Estado”.
¿Por qué esta posición es relevante?
El control de la Comisión de Economía por parte de un partido con postura contraria al retiro masivo de fondos reduce la probabilidad de que el tema sea agendado con prioridad. Si bien no se descarta que otros congresistas presionen para incluirlo en la agenda, las decisiones sobre tiempos y debates iniciales recaen directamente en esta comisión.
¿Existe posibilidad de que el retiro AFP en 2025 se apruebe?
A pesar de las malas noticias, aún hay factores que podrían impulsar la aprobación. Bancadas como Podemos Perú, que cuenta con tres congresistas, han anunciado su intención de insistir en el debate. Además, en el pasado, la presión política y mediática ha forzado a comisiones a agendar proyectos que no contaban con el respaldo de su presidencia.
En 2024, la presión de diversas bancadas llevó a que el séptimo retiro AFP llegue al Pleno, donde incluso Fuerza Popular terminó votando mayoritariamente a favor. Con las elecciones generales de 2026 a la vista, los congresistas podrían verse motivados a respaldar medidas populares para mejorar su imagen ante el electorado.
Un factor político clave
El Retiro AFP se ha consolidado como una medida con amplio respaldo ciudadano, debido a los beneficios inmediatos que perciben los afiliados. Según analistas como Eduardo Jiménez, de Macroconsult, en contextos preelectorales la probabilidad de aprobar medidas de alto impacto social aumenta significativamente, incluso si no son recomendadas desde el punto de vista técnico o económico.
Desde el inicio de la pandemia, el sistema privado de pensiones ha visto salir más de S/ 70 mil millones debido a los retiros aprobados. Este flujo de capital hacia los afiliados ha dinamizado el consumo y permitido cubrir deudas, pero también ha reducido el volumen de fondos disponibles para la inversión y para las jubilaciones futuras.
Los críticos de la medida sostienen que los retiros debilitan el sistema y aumentan el riesgo de que, en el futuro, millones de peruanos no cuenten con una pensión suficiente, obligando al Estado a asumir mayores costos en programas sociales. Por otro lado, sus defensores argumentan que la decisión sobre el uso de esos fondos debe recaer en los propios afiliados, especialmente en tiempos de crisis económica.
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