El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) alertó que la estabilidad económica del Perú podría verse comprometida hacia el año 2031, si no se toman medidas urgentes para reconstruir el espacio fiscal en los próximos cinco años.
PUEDES LEER ► El 46% de peruanos desaprueba la gestión del presidente José Jerí
Un estudio, elaborado por el investigador Carlos Casas Tragodara, advierte que el país enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad fiscal.
Algo que se agrava si se toma en cuenta todas las leyes aprobadas por el Congreso en este último periodo y que comprometen las arcas fiscales.
De acuerdo a Casas, tras el esfuerzo fiscal que implicó la pandemia del COVID-19, el país redujo drásticamente su caja fiscal. El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) pasó de más de 9,000 millones de dólares en 2014 a apenas 1 millón en 2020, mientras que la deuda pública se elevó de 26% del PBI en 2019 a 34% en 2020.
“Ha sido muy costoso (para el Perú) cuando las políticas fiscales son muy expansivas y los gastos empiezan a financiarse cada vez más con una mayor proporción de deuda. El costo del ajuste lo asume la sociedad y afecta el crecimiento de largo plazo del país”, explica Casas.
La investigación de Casas, desarrollada en el marco de la iniciativa Agenda 2026 del CIUP, plantea que la estabilidad macroeconómica es la base del crecimiento sostenido. No obstante, la situación actual —marcada por déficits fiscales continuos y crecientes presiones políticas por mayores gastos— pone en riesgo esa estabilidad.
“Si la tendencia actual (de gasto) no se controla podemos terminar en una situación cercana a la insolvencia y en donde los mercados nos perciban como un país riesgoso desde el punto de vista macroeconómico”, explicó Casas, quien recuerda que el Perú mantiene reglas fiscales que limitan el déficit al 1 % del PBI y la deuda pública al 30 %.
Gastos
Actualmente, dentro de los principales factores que agravan la fragilidad fiscal prevalecen el incremento del gasto corriente, la aprobación de leyes con impacto tributario negativo y la falta de control en empresas estatales deficitarias.
En esta línea, el estudio advierte que, si el país no actúa pronto, podría enfrentar un deterioro del riesgo soberano, aumento en el costo del crédito y menor margen para políticas contracíclicas.
En esa línea el estudio indica que el reto para el periodo 2026–2031 será reconstruir el espacio fiscal sin frenar la recuperación económica, asegurando que la deuda crezca a un ritmo menor que el PBI y que el déficit retorne a su límite de 1 % del mismo.
“La reducción del déficit y del nivel de deuda deben ser una prioridad del siguiente gobierno porque el costo que puede imponer la indisciplina fiscal a la sociedad puede ser muy fuerte y destruir todo lo que se ha conseguido en los últimos 30 años”, enfatiza Casas.
Propuestas
Para revertir esta tendencia, Casas plantea una estrategia integral de consolidación fiscal basada en cuatro ejes: mejorar la recaudación tributaria; elevar la calidad y eficiencia del gasto público; reforma de las relaciones fiscales intergubernamentales y un acuerdo político por la estabilidad fiscal
Impuestos
Sobre el primer eje, Casas explica que el Perú mantiene una presión tributaria promedio de 15 %, por debajo del promedio latinoamericano (17,8 %) y de la OCDE (24,6 %). Bajo esa línea, para ampliar la base tributaria resulta necesario combatir la evasión y la informalidad mediante políticas diferenciadas y el aprovechamiento de la tecnología.
Gasto público
En cuanto al gasto público, el estudio estima que la corrupción y la ineficiencia podrían costar al Estado más del 1 % del PBI anual. Por ello, se debe apuntar a la reducción de ese margen con el fin de mejorar la transparencia en las contrataciones, fortalecer la planificación del gasto y aplicar evaluaciones de impacto para reasignar recursos hacia programas con mayor retorno social.
Relaciones fiscales
Asimismo, las recientes normas promulgadas, como el aumento del FONCOMUN, generan desequilibrios verticales y presión sobre el presupuesto nacional. Frente a ello, propone una reforma del sistema de transferencias y la creación de bases tributarias propias a nivel subnacional.
Acuerdo político
En el documento se subraya que la sostenibilidad de las finanzas públicas no depende solo del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de la coordinación entre poderes del Estado. “El consenso político en torno a la prudencia fiscal es tan importante como la política misma; sin él, ninguna regla se cumple”, sostiene el autor. Hacia una nueva disciplina fiscal.
Suscríbete a nuestro RSS