La publicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú y la división de sus activos en bloques autónomos, incluyendo la Nueva Refinería de Talara, abrió un intenso debate sobre el futuro de la empresa estatal.
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La medida, oficializada en una edición extraordinaria del diario El Peruano, busca enfrentar una crisis financiera prolongada y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país.
Dirección correcta
El exministro de Economía David Tuesta consideró que la decisión adoptada por el Ejecutivo apunta en la dirección correcta y responde a una necesidad impostergable. Desde su perspectiva, la empresa arrastra un deterioro sostenido que exigía un cambio profundo en su estructura y forma de gestión.
“La reestructuración de Petroperú mediante Decreto de Urgencia es una decisión responsable. Busca ordenar su patrimonio, profesionalizar la gestión y frenar la erosión financiera que pone en riesgo la seguridad energética del país”, sostuvo.
Tuesta recordó que la petrolera estatal pasó de resultados operativos positivos a pérdidas estructurales desde el 2022, acumulando pasivos que comprometen su solvencia. En ese contexto, afirmó que el nuevo esquema permitirá separar unidades de negocio y facilitar una administración especializada.
“El DU reorganiza patrimonialmente Petroperú en bloques autónomos, incluso con la Refinería de Talara, lo que abre acceso a financiamiento, gestión técnica y creación de valor”, precisó el exministro.
Contribuyente
Asimismo, destacó que el decreto prioriza la responsabilidad fiscal y protege al contribuyente frente a un modelo que se volvió insostenible. Recordó que el Estado destinó recursos significativos entre 2022 y 2024 para sostener a la empresa, sin lograr revertir su situación.
“Seguir inyectando dinero público no era una opción. Se corta un ciclo de pérdidas y privilegios laborales desconectados de la realidad financiera”, remarcó, al asegurar que el abastecimiento nacional se mantiene garantizado.
Caja fiscal
Una visión crítica planteó el expresidente de Petroperú César Gutiérrez Peña, quien cuestionó los fundamentos económicos del decreto y advirtió que la norma no protege la caja fiscal. A su juicio, el Ejecutivo traslada riesgos financieros al Estado sin resolver los problemas estructurales de la empresa.
“El argumento de no afectar la caja fiscal no se sostiene. El decreto termina trasladando riesgos directos al Estado”, señaló.
Gutiérrez alertó sobre el uso de recursos del Ministerio de Energía y Minas para financiar compensaciones laborales, decisión que, según indicó, genera una presión fiscal futura.
“Los 240 millones de soles utilizados para pagar despidos deberán reponerse posteriormente desde la caja fiscal. No existe ahorro real”, afirmó.
El exdirectivo también cuestionó la falta de un análisis financiero integral que sustente la viabilidad del proceso. Según explicó, los márgenes operativos actuales no permiten cubrir simultáneamente deudas, gastos corrientes y servicio anual de la deuda.
“Suponer que la venta de activos y los márgenes de Petroperú alcanzarán para cubrir todas sus obligaciones carece de sustento técnico”, advirtió.
¿Solución real?
Desde una posición aún más severa, el economista José Luis Tapia Rocha sostuvo que la situación de Petroperú es terminal y que la reorganización planteada no constituye una solución real. En su análisis, la empresa presenta indicadores propios de una quiebra.
“Petroperú no está enferma, está muerta. El decreto no es una cura, es un embalsamamiento financiado por el contribuyente”, afirmó.Tapia cuestionó la
división en bloques patrimoniales y la creación de fideicomisos, al considerar que estas medidas solo fragmentan el problema sin generar eficiencia.
“Dividir una empresa quebrada no la vuelve viable. Solo se crea más burocracia y se posterga una decisión inevitable”, sostuvo.
Auditoría forense
En una posición más técnica, el exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García Portugal, destacó que el decreto introduce por primera vez una hoja de ruta con acciones, responsables y plazos definidos. A su criterio, el desafío central será la ejecución.
“Por primera vez se establecen acciones concretas y plazos claros. El reto será cumplirlos con criterios técnicos y sin interferencias políticas”, señaló.
García Portugal también subrayó la necesidad de transparentar la gestión pasada y determinar responsabilidades, considerando la magnitud de la crisis.
“Es indispensable una auditoría forense para conocer lo que realmente ocurrió y mejorar la gobernanza de todas las empresas del Estado”, concluyó.
Abastecimiento
El Ejecutivo descartó riesgos de desabastecimiento de combustibles, especialmente en regiones como Loreto y Ucayali, donde la distribución minorista se encuentra mayoritariamente en manos privadas. El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 tendrá una vigencia de un año, periodo durante el cual el Gobierno realizará un seguimiento permanente para definir el futuro de Petroperú y su rol en el mercado energético nacional.
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