La noche del 4 de diciembre, por mayoría y en medio de posiciones confrontadas, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, ampliar el proceso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
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El texto sustitutorio del dictamen de la Comisión de Energía y Minas obtuvo 60 votos e incorporó la propuesta presentada horas antes por el Ejecutivo para impedir que la extensión llegue hasta diciembre de 2027.
“Durante dicho periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementa y adopta las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, señala el documento aprobado.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa Ccama (JP-VP-BM), sustentó el dictamen y afirmó que la propuesta responde a la necesidad de garantizar la continuidad del proceso de formalización minera integral en el país. Recordó que miles de pequeños mineros y mineros artesanales permanecen en condición de informalidad pese a haber iniciado trámites ante el Estado. Sostuvo que la ampliación busca evitar una exclusión automática que generaría impactos negativos en el ámbito laboral, económico y ambiental.
Ejecutivo en contra
Horas antes de la sesión, el primer ministro Ernesto Álvarez y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, llegaron al Congreso para presentar un documento en el que precisaron la posición del Gobierno. Ambos dejaron constancia de su rechazo a extender el Reinfo hasta 2027 y plantearon que el mecanismo solo permanezca vigente hasta finales de 2026.
Consecuencias nefastas
El exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, alertó que la ampliación del Reinfo generará efectos “muy nefastos” para el país, particularmente en materia ambiental. Afirmó que la informalidad minera ha superado la capacidad de control estatal y que una prórroga solo profundizará un problema que golpea a provincias como Huancabamba, Ayabaca y Tambogrande.
Rechazó la ampliación inicial que pretendía llevar el proceso hasta 2027, aunque finalmente el Congreso optó por extenderlo únicamente hasta diciembre de 2026.
“Debe haber una ley que regule, que ordene. La prórroga traerá consecuencias muy nefastas para el país en temas ambientales”, indicó. Agregó que, pese a las diferencias entre agricultura y minería, “la razón se imponen” cuando se trabaja con evidencia y no con ideologías.
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