Brenda Sparrow, gerente de Asuntos Regulatorios de ComexPerú, reflexiona sobre las propuestas de la entidad para lograr un Estado más eficiente.
– ¿El Estado fomenta la inversión o es un obstáculo?
Primero es importante situarnos un poco en la coyuntura y destacar que la falta de institucionalidad no está ayudando para dar un mensaje positivo para la inversión.
En ese sentido desde ComexPerú […] hemos trabajado propuestas concretas para hacer una reforma integral del Estado que es lo que consideramos se necesita más aún de cara a las elecciones que vienen.
Ahora estamos en un gobierno de transición, entonces es claramente más complicado […] Ahora que el electorado tiene la opción de evaluar planes de gobierno o los discursos, es importante que se enfoque en temas técnicos
– ¿Qué problemas
advierten en el Estado?
[…] La falta de institucionalidad que se da, no solamente a nivel de gobierno nacional. Uno puede ver en Petroperú, por ejemplo, el cambio constante de presidentes. En EsSalud, en el MEF y en todas las instituciones públicas hay mucho cambio que impide lo que es la continuidad de proyectos.
Uno de los principales problemas que acarrean las regiones es que hay mucha paralización de obra; justamente porque existe esta falta de continuidad de los funcionarios a cargo de los proyectos. Además, porque hay falta de capacitación técnica.
En Comex hemos hecho encuestas a los mismos funcionarios públicos encargados de la gestión de proyectos y ellos admiten que no han recibido capacitaciones sobre cómo priorizar el gasto, gestionar proyectos y ejecutar tributos. Estamos ante un sistema que no está priorizando capacitar a los funcionarios para ejecutar las obras.
– ¿Qué sucede en Piura?
En Piura se tiene 119 obras paralizadas que podrían servir para la infraestructura de conectividad que permita el comercio.
En realidad cualquier desarrollo de cualquier negocio necesita infraestructura de conectividad.
– ¿Se puede invertir en el país?
Hay mensajes que generan preocupación hacia el extranjero, pero en realidad ahora que ya se definió el nuevo gabinete, se ve que hay una ratificación de algunos ministros y con eso se podría dar continuidad a alguna de las obras.
Por unos momentos, y no es primera vez que nos pasa, hemos tenido que enfrentar la incertidumbre, pero ahora yo creería que ya con esto se está definiendo un poco mejor el panorama.
– ¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno transitorio?
En tres cosas prioritarias: elecciones transparentes y claras; enfocarse en la seguridad ciudadana y no parar la lucha contra la minería ilegal y lo tercero es mantener la estabilidad económica.
En ese sentido, se deberían continuar con las medidas que se venían dando desde la gestión anterior como es el shock desregulatorio que contiene medidas en las que se identifican los principales cuellos de botella en las diferentes industrias, cuáles son las las principales barreras burocráticas, por ejemplo. Eso ya se tenía mapeado, entonces, sería cuestión de darle continuidad en la eliminación de estas barreras. El MEF también tiene lo que son mesas ejecutivas en las cuales se sientan a dialogar el sector público y el sector privado para llegar a consensos sobre cuáles deberían ser las principales medidas que se tienen que impulsar [para la] simplificación administrativa de trámites. Ese diálogo público privado se ha venido dando, entonces la idea es que este gobierno de transición pueda dar continuidad.
– ¿Cómo debería ser
la reforma del Estado?
Para eso tenemos tres ideas clave. Una, es la digitalización. Aquí tenemos que identificar cuándo los candidatos nos están vendiendo humo y mintiendo. Mucho se habla de que para avanzar en la digitalización faltan leyes y presupuesto.
Esto no es del todo cierto porque lo que nosotros podemos advertir más bien es que hay una falta de ejecución presupuestal dado que todos los años se devuelve dinero. […] La digitalización que nosotros proponemos trata de interoperabilidad entre diferentes entidades de la administración pública [para] evitar costos en tiempo y dinero de los ciudadanos de tener que ir presencialmente, hacer largas colas, de estar haciendo llamadas telefónicas que no tienen respuestas. [Se trata] de agilizar el sistema público y dotarlo de mayor celeridad en beneficio del ciudadano.
Otra cosa importante es la trazabilidad de los trámites administrativos para que pueda haber transparencia. Con la digitalización también se reducen los niveles de corrupción. Una cosa son los requisitos para ser formal, pero otra cosa es cuando uno ya tiene su negocio y está expuesto a fiscalizaciones constantes.
Lo que nosotros decimos es si se digitalizan los criterios, si se uniformizan y se pueden digitalizar, va a haber menos discrecionalidad de un funcionario de estar pidiendo una cosa u otra y al final uno no tiene la predictibilidad necesaria ni la seguridad jurídica para poner un negocio porque está expuesto a la arbitrariedad.
– ¿Qué otras
medidas proponen?
Tenemos la simplificación administrativa. [Aquí] tenemos que identificar cuáles son las medidas populistas, ¿cómo identificamos cuáles son? Cuando solamente se está pensando en beneficiar a un sector sin ser responsable en cómo esto pueda afectar al fisco.
Vemos [propuestas de que van] a subsidiar una actividad económica en el caso agrícola [con bonos a los trabajadores agrícolas]
Esto finalmente hace que en la práctica ya no se quiera contratar [más personal]. Estamos viendo medidas populistas que dicen que van a beneficiar a un sector, pero al final lo terminan perjudicando. […] El análisis de impacto regulatorio es la solución que nosotros proponemos y de la cual deberían estar hablando los candidatos y comprometerse a hacer este análisis siempre que vayan a dictar una norma.
– ¿Cuál sería el tercer punto?
Lo más importante siempre es el factor humano y el tema de la meritocracia es básico. Es un tema que está muy descuidado. Vemos mucha artimaña política por estrategia y no se está viendo la priorización del país. Para esto se pensó la Ley Servir, pero las entidades públicas estuvieron más enfocadas en exonerarse de su aplicación invocando diferentes razones para no pasar por estas evaluaciones de desempeño y ascenso en base a méritos. Muchas veces los puestos están copados, solamente por la antigüedad del funcionario.
Es aquel que dice que como ya tiene 10 años, se le debe ascender automáticamente o por favor político, pero no en base a competencias técnicas.
Eso justamente repercute en lo que decíamos inicialmente: si uno no tiene las capacidades técnicas, no va a poder ejecutar los proyectos y va a pasar lo que está pasando con estas obras paralizadas.
– ¿Cómo están las instituciones públicas frente al avance de las economías ilegales?
Las propuestas de ley no han sido favorables. Tenemos la ampliación del Reinfo, que es el registro de formalización minera, pero bien sabemos que en la práctica esto ha sido mal usado para generar una especie de paraguas para la minería ilegal.
Lo que esperamos es la aprobación de la ley MAPE que realmente ordene el sector con un sistema de control, de vigilancia, de una actuación interconectada de las entidades públicas. Que haya esta interoperabilidad de actuar en conjunto lo que es Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, [manejo de las] denuncias y que haya un trabajo de inteligencia.
Si no hay una articulación en una ley que establezca competencias definidas; si luego no hay tampoco una implementación y ni una coordinación articulada entre las diferentes entidades, no se va a poder combatir la minería ilegal, que es ahora el principal problema que nos aqueja y que es el principal causante de la inseguridad ciudadana.n
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