El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo con el fin de declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que dispone medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y la continuidad de su cadena productiva.
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El Pleno del máximo intérprete de la Constitución determinó que la acción cumple los requisitos previstos en el artículo 97 y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional. No obstante, declaró improcedente el extremo mediante el cual se solicitaba emplazar a la Presidencia del Consejo de Ministros y a su procurador público. Además, precisó que, tratándose de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, la defensa corresponde a la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional.
“En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, su defensa corresponde a la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional”, precisó el colegiado.
En consecuencia, la demanda será puesta en conocimiento de dicha Procuraduría para su apersonamiento y contestación dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la notificación. Luego se convocará a audiencia pública, instancia en la cual se escucharán los argumentos de las partes antes de la emisión de sentencia.
Por su parte, la Defensoría sostiene que el contenido del decreto excede el marco previsto en el artículo 118, inciso 19, de la Constitución, debido a que introduce una reforma estructural, permanente y compleja en una empresa estratégica del Estado sin concurrencia de circunstancias extraordinarias ni urgentes.
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