Editorial: Deuda estatal con los desempleados

Editorial: Deuda estatal con los desempleados

Es de esperar que hoy abunden las ceremonias oficiales en las que el presidente de la República, Pedro Castillo y sus ministros o funcionarios prometan empleo sin decir cómo.

Si el presidente de la República quiere recuperar algo de credibilidad, lo que debería hacer hoy es pedir disculpas públicas al país por poner obstáculos constantemente a la inversión privada generadora de empleo, por jugar con las esperanzas de miles de desempleados afectados por sus decisiones descabelladas, como levantar las banderas de una asamblea constituyente; una medida con inmediatos efectos negativos en la economía.

Lo que el país merece hoy 1 de mayo es un siceramiento de su jefe de Estado, que se comprometa a promover la generación de puestos de trabajo en lugar de alentar la fuga de capitales, que deje el doble discurso y se ponga del lado de la recuperación económica, que en lugar de ahondar la desconfianza del empresariado, diga qué hará para que el país sea una nación segura para las inversiones, tal como acaba de anunciarlo.

No se debe perder de vista que hay sectores como turismo, entretenimiento, restaurantes, hotelería, etc. que fueron seriamente impactados por dos años de pandemia y aún no logran recuperarse. No olvidemos que en el 2020, uno de los momentos más críticos de la pandemia, solo en el segundo trimestre se perdieron 6 millones de empleos.

En general, miles de empresas, mypes y emprendedores si no han desaparecido, se encuentran en grave riesgo porque justo cuando empezaban a levantarse tras los confinamientos, llegó la crisis económica, la guerra y el alza del dólar, de los combustibles y alimentos, sin darles tregua.

Lamentablemente no solo el Ejecutivo ha erosionado la recuperación del empleo, sino también un Congreso más preocupado por el sueldo y la dación de normas afines a sus intereses, negándose a dar normas que solucionen a por ejemplo la informalidad en el transporte, la escasez y encarecimeinto de fertilizantes, la descapitalización de las bodegas, etc.

En cualquier país demócratico, el Legislativo ya debería haberse preocupado por revertir aquellas limitaciones causadas por la legislación laboral, el esquema tributario adverso para las empresas o incluso por ciertas decisiones judiciales que prejudican la contratación formal y alientan la informalidad.


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