Orlando Añazco: “En la región, la informalidad es de un 78%; superamos la media nacional”

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) sobre condiciones de vida y pobreza 2017, la informalidad en el país asciende a un 72,5% de la población económicamente activa ocupada. Si bien esta es la media nacional, preocupa que la región Piura supere la cifra con un alarmante 78% de informalidad. Así lo dio a conocer ayer el intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Orlando Añazco. –En el país, la informalidad es un problema álgido, pero ¿cómo se presenta en la región? –La región tiene un 78% de informalidad: somos una de las regiones que está sobre la media nacional y es preocupante. Pero, dentro de ello, debemos considerar que somos una de las regiones con mayores conflictos socio laborales y de seguridad y salud en el trabajo. –¿De qué manera la Sunafil está contribuyendo a que estos índices se reduzcan? –Iniciamos funciones en octubre de 2017 y el primer año fue para atender denuncias y cumplir un rol de orientación en la región. En 2017, atendimos cerca de 600 denuncias; en 2018, 1.980 -de las cuales, unas 290 concluyeron en actos de infracción-; y en lo que va de 2019, unas 500. Además, hemos pedido que fortalezcan la intendencia con personal para las inspecciones porque solo tenemos 10 para toda la región, pese a que tenemos una PEA de más de 1 millón 300 mil. –¿Y en cuanto a la incorporación de trabajadores a planilla? –En 2017, incorporamos a planilla unos 900 trabajadores; en todo el 2018, unos 560. Esta vez hemos empleado una nueva metodología de trabajo y este año, en un operativo a 18 empresas del sector agroindustrial, incorporamos 10.256 trabajadores. Este mismo método lo estamos usando en el sector transportes y ya incorporamos unos 270. Estamos haciendo intervenciones dirigidas a sectores económicos. A veces ocurre que encontramos la informalidad dentro de la formalización también, por eso debemos hacer un análisis especial de cada sector. –¿A qué se refiere con un “análisis especial”? –A saber cuál es su estacionalidad, sus niveles de ventas, cuándo van a estar funcionando, que la actividad que realizan puede ser temporal... Estamos mandando una carta inductiva a cada empresa para indicarles cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir y cuáles son las sanciones. Así nos están facilitando la información que tienen y, de esta manera, permiten que formalicemos sin llegar a una multa. –Entonces, están tratando de trabajar más en el tema preventivo. –Queremos que las intervenciones sean preventivas y no reactivas; atender antes de que se generen las denuncias. Por ejemplo, en construcción civil, la regla general es que los trabajadores denuncian cuando culminó la obra. Ahora estamos pidiendo información al Gobierno Regional, municipalidades y a quienes ejecutan las obras, para hacer un calendario de intervención de esas obras, para verificar el cumplimiento de los derechos sociolaborales y de seguridad y salud antes de que la obra termine. –¿Las empresas están colaborando con el propósito de la Sunafil? –Las empresas están colaborando. Es importante que conozcan las normas, cuáles son los derechos de los trabajadores y que estos también lo sepan. ¿Por qué? Por ejemplo, en la sierra tienes una realidad que no puedes manejar: el empleador se ve en una encrucijada porque está realizando una obra que le exige contratar a personal local, pero dicha localidad no tiene registro de construcción civil; los trabajadores no quieren estar en planilla porque pierden el SIS. –¿Cómo están abordando este tipo de conflictos? –Esto se está trasladando al Consejo Regional de Trabajo porque hay que ver cómo no perjudicar al trabajador. Esto es principalmente en la sierra. Las obras son trabajos temporales y, por lo tanto, acceder a ser contratado en planilla significa que estarás dentro del seguro social obligatorio como tal y perderías el SIS. Con los sindicatos, estamos tratando de ver las intervenciones porque ellos conocen la realidad de sus empresas, pero también escuchamos al sector empresarial. Por eso, estamos activando el tema preventivo. –Por otro lado, ¿de cuánto son las sanciones que ustedes imponen? –Tenemos un catálogo de infracciones: la máxima sanción es de 200 UIT y la mínima puede ser un porcentaje de una UIT. La Sunat nos reportó cerca de 230 mil empresas habilitadas -entre personas naturales y jurídicas- y así nos permitió hacer un análisis sector por sector para poder intervenir. Nuestra función principal no es multar a la empresa; si la infracción es subsanable, se le da la oportunidad para que cumpla porque lo que buscamos es que el trabajador vea restituido su derecho. –¿A qué sector pertenecen principalmente las denuncias que recepciona la Sunafil? –De todos los sectores, porque Piura agrupa todos los sectores económicos que existen en el país: agroindustria, pesca, hidrocarburos, minería, trabajadoras del hogar, entre otros. Aunque los sectores de mayor incidencia son los de construcción civil, obreros municipales, sector agroindustrial, hidrocarburos y pesca. –¿Qué tipo de denuncias son las registradas? –En construcción civil, principalmente es incumplimiento de derechos sociolaborales, el no pago conforme a la tabla de construcción civil, las normas de seguridad y salud en el trabajo. En el sector hidrocarburos, lo que se ve son incumplimientos de convenios colectivos; en los obreros municipales, se ve el tema de incumplimientos a las negociaciones colectivas, libertad sindical, entre otros.