El fujiaprismo y sus aliados, bajo la lupa de la justicia por corrupción

La alianza fujiaprista que en el disuelto Congreso integraron las bancadas de Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano, no solo sufrió su mayor revés con el cierre del Parlamento, sino porque cada vez salen a la luz más casos que implican a sus excongresistas. Tal es el caso, por ejemplo, de la excongresista Luciana León a quien la fiscalía la vincula con la organización “Los Intocables Ediles” de las anteriores gestiones de la Municipalidad La Victoria, por el cobro de cupos. Igualmente, concitó la atención las últimas declaraciones de Luis Nava, ex secretario presidencial de Alan García, quien reveló que Jorge Barata, exrepresentante en el Perú de la constructora brasileña Odebrecht, habría entregado loncheras conteniendo dinero al líder, en el local central del Partido Aprista Peruano (PAP).

Reformas

Sobre lo sucedido en los últimos días en el PAP, la abogada y columnista Rosa María Palacios señaló que el caso de León da una idea de por qué urge la reforma constitucional no solo de la inmunidad parlamentaria sino también del antejuicio. “Son instituciones que han quedado desaturalizadas en sus fines y son garantía de impunidad”, dijo. Por ello el presidente Martín Vizcarra presentó un conjunto de reformas políticas, que fueron desatendidas por la mayoría del Congreso, integrada por esta alianza fujiaprista.

El cierre

La posición de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, para proteger o “blindar” a jueces y fiscales, así como a militantes de su partido -involucrados en actos de corrupción-, dados a conocer por la prensa independiente a través de audios, colmó la paciencia de los ciudadanos en general, quienes salieron a las calles a pedir el cierre del Congreso de la República. Tras la disolución de este Poder del Estado, pocos lamentan la acción que llevó a cabo al presidente Vizcarra, más aún cuando los medios informaron, la pugna política y la clara imposición en la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Aún, tras el cierre del Congreso, la Comisión Permanente, a través de Pedro Olaechea, insistió en declarar anticonstitucional este hecho, acudiendo al Tribunal Constitucional, organismo que aún tiene pendiente un pronunciamiento al respecto.

Datos

* El presidente Martín Vizcarra se quejó en más de una oportunidad de que el Congreso obstruía la gestión del Ejecutivo para sacar adelante proyectos de impacto para el desarrollo del país. * En su intento para frenar la corrupción en sus diversas modalidades, Vizcarra denominó al presenta 2019 como “Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”.