Editorial: Hora de definiciones por la seguridad

La polémica desatada por el fallo del juez que envió a un policía a siete meses de prisión preventiva por disparar y dar muerte a un presunto asaltante cuando huía con el botín que robó; surge en un momento en el que los piuranos pedimos a gritos que se restituya el principio de autoridad, ante el avance de la inseguridad ciudadana, agravada por el problema de la corrupción que afecta, entre otros, al sistema de justicia. Por eso, no se puede reducir la discución a un problema de buenas o malas relaciones institucionales entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, como algunos pretenden enfocar el tema. Que ambas entidades cultiven buenas o malas relaciones de cooperación, proyección social, que se unan para hacer acciones cívicas en busca de mejoras de su imagen institucional; poco o nada tiene que ver con la lucha contra la inseguridad ciudadana. En esto último los protagonistas son el policía y el fiscal de cada caso y allí es donde se debe cultivar una cultura de cordialidad. Si hay alguien que no debería dejarse influenciar por aquella “ideologización” que hace ver al policía como enemigo y no como el que protege a los demás”, es el fiscal. La sociedad no le paga para “tumbarse” las investigaciones policiales, sino para, junto con este, acopiar pruebas contra quienes atacan a la sociedad. Sin dejar de respetar el debido proceso y los derechos de todas las personas, los operadores de la justicia, pero principalmente algunos fiscales y jueces, le deben a Piura una demostración de que están del lado de la justicia y no de la delincuencia. ¿Queremos o no recuperar el principio de autoridad y luchar contra la inseguridad ciudadana?