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Editorial: Gobierno se olvidó de la seguridad en Piura

El Gobierno, en lugar de liderar la lucha contra la inseguridad, intenta aprovechar para criminalizar a quienes informen sobre marchas de protesta

Editorial: Gobierno se olvidó de la seguridad en Piura
Gobierno se olvidó de la seguridad en Piura
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Luego de la amarga experiencia de la pandemia, en que lideramos la cifra de muertos a nivel mundial, los peruanos no hemos tenido respiro ni tregua para reponernos, debido a la inmediata reanudación de otras dos epidemias, como la crisis política permanente y el creciente temor de la población a la inseguridad, fenómenos que han avanzado juntos, derivando en una especie de divorcio entre ciudadanos y los políticos pero también con los actores de la lucha contra la inseguridad.

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En este contexto, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, agravada por las protestas sociales según el reciente reporte de seguridad ciudadan del Instituto de Defensa Legal ha golpeado sobremanera a la Policía.

Señala que para fines del 2022, un 21,9 % de la población confiaba en la Policía y un 76 % afirmaba que no, lo que representa un retroceso en la credibilidad que la PNP y las FF. AA. ganaron durante la pandemia, cuando establecieron severos controles de seguridad y los indicadores de incidencia delictiva retrocedieron tremendamente.

Hasta el año pasado, según el INEI, uno de cada cinco peruanos había sido víctima de un hecho delictivo y ocho de cada diez tenía temor de sufrir algún delito. Este año, la incidencia de inseguridad aumentaron sin lugar a dudas.

A pesar de ello, el Gobierno, en lugar de liderar la lucha contra la inseguridad, intenta aprovechar para criminalizar a quienes informen sobre marchas de protesta.

Particularmente, Piura ha sido abandonada por el Gobierno central, GORE y municipios en materia de seguridad ciudadana. El miedo a sufrir un atraco se presenta naturalmente al salir a la calle, ya no solo en lugares considerados “peligrosos” o tomados por la criminalidad, sino estando en casa, debido al incremento de extorsiones por teléfono o servicios de mensajería.

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A esta grave situación se suman señales del deterioro social y pérdida de los valores en los escolares, a pesar de ser principios indispensables para la convivencia. En algunos colegios se incrementan el bullying y la violencia física, habiéndose regitrado un crimen de un escolar a otro y el caso de un adolescende que amenazaba con una arma su profesora en un colegio de Veintiséis de Octubre.

Lo grave de este panorama es que si no se adopta una estrategia realmente efectiva contra la inseguridad, el problema se tornará imanejable.

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