Editorial: Contra los niños y contra la ciudadanía

Las cosas están al revés en el país: se pospone la lucha por la vida y la seguridad de los ciudadanos, y se castiga al talento y el esfuerzo para favorecer a la mediocridad. Bajo el pretexto del derecho al trabajo, del derecho al desarrollo profesional, el Congreso se trae abajo lo que debería ser uno de los pilares del país, la educación básica.

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En las calles matan, en las pistas yacen los cuerpos destrozados y en las aulas los falsos maestros asesinan la inteligencia. Están matando al país ante nuestros ojos.

En lugar de preocuparse por contribuir a la lucha contra la delincuencia endureciendo las leyes y dando menos márgenes a las interpretaciones y leguleyadas que permiten a “marcas”, asesinos y violadores transitar libremente por las calles, nuestros parlamentarios prefieren hacerse de la vista gorda y cerrar tratos con esa clientela política enquistada, principalmente, en el magisterio.

Son 14 mil los docentes cesantes que no aprobaron la evaluación de ingreso a la carrera pública magisterial; es decir, que no demostraron competencia profesional para enseñar en las aulas, los que ahora tomarán su cuota de poder en los colegios.

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En sentido jurídico, esto no es corrupción, aunque, éticamente hablando, sí lo es, porque se corrompe la esencia de la labor docente. ¿Cómo puede un ignorante enseñar lo que no sabe? ¿Cómo puede calificar una persona sin recursos a un estudiante? ¿Cómo podríamos confiar los padres de familia nuestros niños a estos sujetos de cualidades dudosas? Si una república no cuida los estándares de su educación, ¿de qué nos sirve tener una república?

Y mientras ese sancochado maloliente se sirve en el Congreso, en las calles -donde realmente deberían estar puestos los ojos de los legisladores- aparecen cuerpos triturados y los robos y extorsiones se multiplican. Los delincuentes -muchos de ellos identificados como extranjeros que aprovechan la hospitalidad peruana para devolver el favor con un balazo- aparecen como eternas víctimas de un sistema que no les dio la oportunidad de triunfar. Por supuesto que la delincuencia, como la pobreza, tienen razones estructurales, ¿pero qué hacemos mientras tanto? ¿Los enviamos a terapia, les damos un subsidio o nos ponemos los pantalones para proteger a la ciudadanía y ejercemos la represión legal contra los antisociales?