El Centro de Salud Materno Infantil, conocido como
Cesamica, podría dejar de atender a más de 150 mil personas debido a que la directora general de las Beneficencias Públicas, Angela Hernández Cajo, ha solicitado a la Beneficencia de Piura llevar a cabo las acciones legales correspondientes para que el
Gobierno Regional de Piura, de quien depende la
Diresa, Laresa y Cesamica, entregue el inmueble.
Esta acción ha tomado por sorpresa a las autoridades del sector salud, pues aseguran no entender los motivos porque la entidad nacional ha emitido dicha resolución.
La directora de Cesamica, Erika Flores, informó que si el desalojo se llega a concretar, la población de Castilla y Medio Piura será la más perjudicada.
“Somos el único establecimiento en Castilla que atiende las 24 horas del día. Nuestra capacidad es de 50 mil pacientes, pero atendemos a más de 100 mil. Además seguimos en riesgo de perder los más de 800 mil soles para el expediente de una nueva construcción de local porque no tenemos terreno”, explicó la directora Erika Flores.
Acuerdos
Miguel Godos, el presidente de la Sociedad de Beneficiencia de Piura, explicó que la decisión fue tomada porque el Gobierno Regional no ha cumplido con los acuerdos pactados en la Cámara de Comercio.
“De todo lo que se acordó nada se hizo. Hemos tenido varias reuniones, pero el gobernador no ha cumplido”, enfatizó.
Uno de dichos acuerdos era el pago de más de 38 mil soles por la deuda de arbitrios. Asimismo, una de las opciones de solución era que si el GORE quería ser propietario del local de Cesamica, debía conseguir un terreno de 11 mil metros cuadrados, con un costo de más de 7 millones de soles.
“Estamos siguiendo el protocolo dispuesto por el Ministerio de la Mujer. Hemos notificado al director regional de Salud; sin embargo, se ha coordinado una reunión con el Consejo Regional para ver una solución inmediata”, manifestó Godos.
Motivos
El gerente de Desarrollo Social, Eddy Leyva, informó que el gobernador Servando García se ha comprometido a cancelar los más de 38 mil soles por arbitrios. Este pago se estaría haciendo efectivo en lo que queda de octubre.
“No podemos cancelar porque la Beneficencia aún no nos entrega un documento en el cual nos reconoce como usuarios o posesionarios del local de Cesamica”, indicó Leyva.
Dijo que la Beneficencia no podría exigir un desalojo porque pondría en riesgo la salud de los pacientes; asimismo, se tiene que cumplir con un proceso administrativo y legal.
En otro momento, mencionó que la Beneficencia había planteado la propuesta de sesión de uso por cien años, pero fue rechazada porque si se pretende hacer un nuevo establecimiento, el terreno tiene que ser propiedad del GORE.
Por Diana Sandoval Cubas