A pesar de que la tercera ola pandémica ya envía sus primeras señales a una población agobiada por la falta de empleo y una inflación que no deja de perforar los bolsillos de las familias, los actores políticos, dentro y fuera del Gobierno, parecen empeñados en cerrar los ojos a la apremiante realidad y priorizan otros temas menos urgentes y hasta irrelevantes como la trasnochada pretensión de desaparecer el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y revisar los TLC.

Más indignante aún es el descuido de la lucha contra la pandemia. Cuando más se necesitaba no solo continuar sino agilizar la vacunación, el proceso se ha desacelerado porque el saliente canciller Héctor Béjar se olvidó de gestionar ante los laboratorios, a través de las embajadas correspondientes, el cumplimiento de los contratos suscritos por la gestión Sagasti.

En lugar de dedicarse a lo que realmente importa, exigir la entrega de dosis de Sinopharm, se ocupó obsesivamente en promover la salida del Perú del Grupo de Lima a tono con el sueño del señor Cerrón, de alinear al país con el bloque castro chavista. Su salida no lo exime de responsabilidad. Después de la tercera ola, este señor deberá responder al país por su ineptitud y explicar qué hizo para evitar el perjuicio a millones de peruanos ahora expuestos al poder destructivo y letal de la COVID-19 y sus nuevas variantes.

Parte de responsabilidad es también de las bancadas de derecha en el Congreso, gremios empresariales, sindicatos, universidades, colegios profesionales y la calle misma al centrar el debate en el pasado guerrillero de Béjar y no en por qué la Cancillería no estaba trayendo más vacunas.

La designación de Óscar Maúrtua como nuevo canciller debería marcar no solo el fin de las pullas entre derecha e izquierda, sino un indispensable acercamiento de ambos lados para apostar por un plan de emergencia que incluya la aceleración de la vacunación, una propuesta viable para abrir los colegios, mejorar los servicios públicos, recuperar empleos y reactivar la economía.

Ojalá que el punto de quiebre que al parecer marcar el presidente Castillo en su vínculo con Cerrón al designar a Maurtua, no sea simple jugada para lograr la confianza del Gabinete, sino el inicio de un plan estratégico que priorice la eficiencia en la gestión pública, aunque tengan que seguir rodando cabezas.