Destrucción civil

El ataque por parte de un sindicato de construcción civil a la Municipalidad de Castilla nos recuerda que, en los últimos años, muchos de estos gremios han ganado su aparición en los medios informativos con sus acciones de violencia y por su vinculación con organizaciones criminales de largos tentáculos.

Tomemos en cuenta los datos de la realidad: de acuerdo a datos de la propia Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), existen 34 federaciones nacionales que agrupan a más de 1.200.000 sindicalistas. Solo la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) agrupa a 165 sindicatos y conduce a 130 mil afiliados. Estas son las cifras legales; no obstante, tanto estas centrales como el propio Ministerio de Trabajo han alertado de la presencia de células paralelas que son constituidas como fachadas para el crimen.

Así pues, la FTCCP ha indicado que en Lima existen 70 bandas criminales; lo mismo en el Callao, mientras que en La Libertad hay 42, en Huaraz 37, en Chiclayo 24 y en Tacna 7. En Piura, la cifra aún sería pequeña, pero preocupa cómo un aparentemente reducido grupo de hampones busca el protagonismo mediante la violencia a las propias sedes del Estado.

Estas mafias -que de acuerdo a la Dirección de Protección de Obras Civiles de la PNP, mueven 11 millones de soles anuales- trabajan en la impunidad que les otorgan su reputación de criminales y su dinero, pero ello no puede ser excusa para que la ley y sus brazos operativos castiguen todo atentado a la propiedad pública y privada. Si dejamos pasar esta agresión a la casa de todos los castellanos, ¿nos sorprendería luego que estos “obreros” ingresen a matar y robar al Gobierno Regional?