Candidatos sentenciados y procesados compiten por llegar a alcaldías
A la larga lista de candidatos procesados ahora se suman quienes fueron sentenciados por graves delitos.
Se trata de Engelberto Zurita Peña (Acción Popular) y Max Ruiz Rivera (Somos Perú) quienes postulan a la alcaldía de Castilla. En el primer caso, Zurita fue sentenciado por estafa tras un proceso que inicia al finalizar su mandato como alcalde del distrito.
La denuncia la hizo un empresario que le prestó 3 mil soles y 1 mil 500 dólares antes de su elección como alcalde (1998-2001). Zurita nunca admitió que solicitó el dinero.
Otro es el caso del candidato de Castilla de Somos Perú, Max Ruiz Rivera. Según el expediente Nº 02020-2000, Ruiz fue nuevamente habilitado tras cumplir su sentencia por el delito de cohecho propio en agravio del Primer Juzgado Civil de Piura y por el delito de corrupción activa de funcionarios. Según la documentación, Ruiz quedó rehabilitado en octubre del 2002.
Amenazas
El Tiempo se comunicó por teléfono con el candidato, pero evitó responder. “No lo conozco a usted y no tengo por qué darle datos o información, si es veraz o no. He recibido unas llamadas amenazadoras en estos días y por eso estoy un poco incrédulo”, afirmó.
Al respecto, el exdecano del Colegio de Abogados, Manuel Palacios, dijo que la rehabilitación es cuando la persona cumple su pena.
“Quiere decir que la pena impuesta se cumplió. Se emite la resolución de rehabilitación para eliminar antecedentes”, expuso.
Principio
Por su parte, el abogado penalista Percy García Cavero explicó que se aplica la rehabilitación porque la Constitución aplica el principio de la resocialización del sentenciado.
“La sentencia es un acto innegable, es mas podría decir que fueron condenados, pero luego de cumplirse la pena se produce la rehabilitación”, opinó el abogado sobre cuál es la denominación que se les aplica.
De otro lado, el abogado explicó en qué consiste la figura de “reserva de fallo” de ciertos candidatos.
“Cuando se trata de delitos que no tienen pena muy alta, lo que se hace es declararlo culpable pero no le imponen la pena, a condición que durante un tiempo, un año o dos años, ellos cumplan con reglas de conducta. Si lo cumplen, la sentencia se da como no dictada, como que no fue condenado y no le genera antecedentes”, expresó.
Esto se aplica para el candidato de Región para Todos por Castilla, José “Pepe” Aguilar, a quien se le reservó el fallo por omisión a la asistencia familiar. Aguilar se declaró culpable en el juicio del año 2012. El candidato señaló que el problema se superó tras la emisión del fallo judicial.
Procesados
De otro lado, el candidato por Alianza para el Progreso para Castilla, Leopoldo Otiniano, tiene una investigación fiscal por el delito de abuso de autoridad. Se le denuncia porque durante su gestión como gerente municipal de Castilla, se retiró 01 paleta publicitaria de la Av. Guardia Civil.
El fiscal todavía no decide si archiva o acusa. Por el mismo partido, el candidato de Veintiséis de Octubre, Juan Carlos Coro Jaramillo, se acogió al principio de oportunidad en el proceso seguido por falsa declaración en una licitación del Gobierno Regional.
La empresa de Coro, Satokari, licitó con documentos de experiencia de un supuesto servicio que luego fueron desmentidos por el supuesto cliente.
