Este viernes 16 de mayo, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por presuntamente haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar información en documentos oficiales, en perjuicio del Estado peruano. De acuerdo con la investigación, Boluarte habría incrementado de forma irregular y sin justificación su patrimonio personal entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2024, periodo durante el cual se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta de la República.
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Según la acusación fiscal, durante este tiempo la mandataria habría adquirido joyas por un valor total de 162 mil 250 dólares, además de registrar un aumento no explicado de S/ 58,699.97 en sus cuentas bancarias y recibir depósitos de origen desconocido por S/ 4,082.70. También se le atribuye haber omitido deliberadamente en sus declaraciones juradas de bienes, rentas e ingresos de los años 2021, 2022 y 2023, la posesión de artículos de lujo, como dos relojes Rolex valorizados en conjunto en 44 mil 465 dólares, así como otras joyas de alto costo.
Entre los elementos reunidos por el Ministerio Público se incluyen un acta de entrega voluntaria de joyas firmada por la propia presidenta, un peritaje de imágenes extraídas del portal oficial “Flickr” de la Presidencia, donde se aprecia a Boluarte portando dichas joyas en eventos internacionales, y un análisis contable que evidencia un incremento patrimonial sin respaldo legal. La Fiscalía recordó además que, conforme al artículo 401 del Código Penal, todo funcionario que use su cargo para enriquecerse de manera ilícita puede recibir una pena de entre diez y quince años de prisión.
Asimismo, el Ministerio Público acusa a la jefa de Estado de vulnerar el principio de transparencia al omitir información relevante en sus declaraciones juradas, delito tipificado en el artículo 429 del Código Penal, el cual contempla penas privativas de libertad de uno a seis años.
Esta denuncia ha sido formalizada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales y será evaluada por el Congreso de la República, que deberá decidir si admite o archiva el caso. Por el momento, la presidenta Boluarte no ha emitido declaraciones públicas respecto a esta nueva acusación.
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Se trata de la tercera denuncia constitucional que se presenta contra Boluarte en solo dos días. El 15 de mayo, la Fiscalía remitió al Congreso dos denuncias más. La primera, por presunto delito de colusión agravada, sostiene que la mandataria habría favorecido a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la infancia de su hermano Nicanor Boluarte, facilitando su contratación como proveedor en dos programas sociales: el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el Programa PAIS, por un monto aproximado de 47 mil soles.
De acuerdo con la acusación, la propia presidenta defendió públicamente la contratación de Torres Merino, asegurando que cumplía con los requisitos para el puesto. Sin embargo, la investigación revela que el proceso fue agilizado con la participación de funcionarios cercanos al entorno presidencial, entre ellos el actual vocero de Palacio, Fredy Hinojosa, quien en ese momento dirigía Recursos Humanos en Qali Warma. Además, Torres Merino declaró como colaborador eficaz y confirmó que fue favorecido a través de Nicanor Boluarte para obtener estos contratos.
Pocas horas después, la Fiscalía presentó una segunda denuncia contra Boluarte y seis exministros de su gobierno: Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola, César Angulo Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Se les acusa de haber autorizado un uso desproporcionado de la fuerza pública durante las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, periodo en el que, según la acusación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas habrían causado la muerte de 75 personas en diversas regiones del país, hechos que, de acuerdo con la Fiscalía, fueron conocidos por las autoridades implicadas.
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