El nuevo bono de 9360, aprobado recientemente por el Congreso en favor del Ministerio Público, atraviesa un panorama incierto. La medida, plasmada en la Ley 32432 y publicada el 9 de septiembre, prometía un beneficio económico significativo para los fiscales titulares. Sin embargo, carece de un respaldo financiero que permita su aplicación, lo que ha puesto en duda su ejecución y generado debate entre autoridades, trabajadores y especialistas en política pública.
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¿En qué consiste el nuevo bono de 9360?
La Ley 32432 establece la entrega de un bono mensual de hasta S/ 9,360 para fiscales supremos y superiores. Además, se dispusieron montos diferenciados para otros niveles del Ministerio Público: fiscales adjuntos superiores y provinciales con S/ 7,254 y fiscales adjuntos provinciales con S/ 4,680. Esta disposición buscaba equiparar sus ingresos con los magistrados del Poder Judicial, un reclamo que se arrastraba desde hace varios años.
La aprobación en el Pleno del Parlamento el 21 de agosto, con 106 votos a favor, fue celebrada inicialmente como un triunfo laboral y una reivindicación histórica. Sin embargo, rápidamente surgieron las dudas sobre la capacidad presupuestal del Estado para asumir este compromiso.
El problema del financiamiento
El punto crítico que hoy pone en riesgo el nuevo bono de 9360 es la ausencia de recursos económicos para sostenerlo. Según cálculos oficiales, solo el pago a 309 fiscales supremos y superiores demandaría un desembolso mensual considerable. Si se suman los 2,785 fiscales adjuntos superiores y provinciales, así como los 5,277 fiscales adjuntos provinciales, el costo total asciende a más de S/ 43 millones cada mes.
Proyectado en un año, el gasto supera los S/ 527 millones, un monto imposible de cubrir con el presupuesto asignado al Ministerio Público para el 2025, que asciende a S/ 2,009 millones y que incluso sufrió una reducción respecto al año anterior.
Advertencias y tensiones institucionales
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó en un oficio enviado el 27 de agosto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los riesgos de legislar sin contar con un financiamiento asegurado. No obstante, la misma autoridad alentó a los fiscales a ejercer lo que denominó “presión positiva” sobre el Congreso, con el objetivo de garantizar la ejecución del bono.
Este doble discurso ha generado críticas y un ambiente de incertidumbre. Por un lado, se reconoce la legitimidad de la demanda de los fiscales. Por otro, se cuestiona la responsabilidad del Legislativo al aprobar una norma sin tener los recursos asegurados.
¿Qué pasará con el subsidio?
Por el momento, el futuro del subsidio de 9360 es incierto. Desde el MEF se ha señalado que el proyecto no cuenta con un marco presupuestal realista y que su implementación inmediata es inviable. El escenario más probable es que la medida quede suspendida o sufra modificaciones para ajustarse a la disponibilidad de recursos.
Entre las alternativas planteadas se encuentran: escalonar los pagos, buscar nuevas fuentes de financiamiento o reformular la norma. Sin embargo, ninguna de estas propuestas garantiza una solución rápida, lo que mantiene a miles de fiscales en la expectativa.
Reacciones en el Congreso y la opinión pública
En el Parlamento, la aprobación del nuevo bono de 9360 ha dividido posturas. Mientras algunos congresistas defienden la medida como un acto de justicia para los fiscales, otros reconocen que se trató de una decisión apresurada y populista, tomada sin evaluar las consecuencias fiscales.
En la opinión pública, la noticia también ha generado controversia. Diversos sectores señalan que, en un contexto de restricciones económicas y necesidades sociales urgentes, priorizar un beneficio de esta magnitud para un grupo reducido de funcionarios resulta desproporcionado.
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