Una iniciativa legislativa presentada por el fujimorismo plantea otorgar una asignación económica mensual de bono de S/ 2550 a los rehenes civiles que colaboraron con labores de inteligencia durante el operativo militar Chavín de Huántar, ejecutado en abril de 1997 para rescatar a los secuestrados por el grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador de Japón, en Lima.
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El proyecto busca ampliar el alcance de un beneficio que actualmente solo reciben los comandos militares que participaron directamente en la operación, considerada una de las más emblemáticas de la historia reciente del país.
¿En qué consiste la propuesta del bono de S/ 2550?
La iniciativa fue impulsada por el congresista Arturo Alegría, integrante de la bancada de Fuerza Popular, y propone modificar la Ley N.º 32202. Esta norma reconoce una asignación especial mensual de S/2,550 a los comandos del operativo Chavín de Huántar, pero excluye a los civiles que, pese a estar en condición de rehenes, colaboraron activamente con información estratégica.
Con la modificación planteada, el bono de S/ 2550 no se incrementa ni se reduce, sino que se extiende a un nuevo grupo de beneficiarios: los rehenes que hayan contribuido con acciones de inteligencia que facilitaron la planificación y ejecución del rescate militar.
Reconocimiento económico a civiles que aportaron inteligencia
De acuerdo con la exposición de motivos, durante los más de cuatro meses que duró el secuestro en la embajada de Japón, algunos rehenes mantuvieron una conducta activa de colaboración con los organismos de inteligencia del Estado. Estas acciones se habrían realizado de manera discreta y bajo alto riesgo personal.
El proyecto detalla que los rehenes proporcionaron información relevante sobre rutinas, desplazamientos, hábitos y comportamientos de los miembros del MRTA, datos que habrían sido determinantes para reducir riesgos durante la intervención armada del 22 de abril de 1997.
Según el documento, aunque estas personas pueden ser reconocidas como Defensores Calificados de la Democracia, actualmente no acceden a la asignación económica mensual que sí perciben los comandos militares, situación que la propuesta legislativa busca corregir.
¿Quiénes identificarán a los beneficiarios del bono de S/ 2550?
La norma propuesta establece que la identificación de los rehenes que accederían al bono de S/ 2550 estará a cargo del Ministerio de Defensa. Esta entidad deberá elaborar y aprobar la relación oficial de beneficiarios mediante resolución ministerial.
El procedimiento incluye una evaluación previa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que será el encargado de verificar que los rehenes cumplan con los criterios establecidos en la ley, entre ellos la contribución efectiva a las labores de inteligencia durante el cautiverio.
El proyecto precisa que el beneficio se otorgará bajo las mismas condiciones administrativas que rigen para los comandos del operativo Chavín de Huántar, utilizando los procedimientos ya existentes para su incorporación al registro correspondiente.
Alcances del proyecto presentado por Fuerza Popular
La iniciativa de Fuerza Popular no altera los beneficios que actualmente reciben los comandos militares. El pago mensual de S/2,550 se mantiene intacto para ellos, y no se establece ningún recorte ni modificación a los derechos adquiridos.
El texto legal subraya que el objetivo es ampliar el universo de beneficiarios, reconociendo que el éxito del operativo no solo dependió de la acción militar, sino también de la información obtenida desde el interior del lugar de cautiverio.
En ese sentido, el proyecto remarca que el bono de S/ 2550 constituye una forma de reparación y reconocimiento económico a civiles que asumieron riesgos significativos mientras permanecían secuestrados.
¿Qué fue el operativo Chavín de Huántar?
El Comando Chavín de Huántar fue la unidad especial de las Fuerzas Armadas encargada de ejecutar el operativo militar del 22 de abril de 1997, cuyo objetivo fue rescatar a los rehenes retenidos por el MRTA en la residencia del embajador de Japón.
En la operación participaron aproximadamente 195 comandos del Ejército y de la Marina de Guerra del Perú. El rescate permitió la liberación de la mayoría de los secuestrados y marcó el fin de una crisis que se prolongó por más de cuatro meses.
Tras la intervención, el Estado aprobó diversas normas de reconocimiento para los participantes, entre ellas la declaración de Héroes de la Democracia y la asignación económica mensual establecida en la Ley N.º 32202, beneficio que ahora se propone extender a determinados rehenes civiles.
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