El debate sobre la falta de avance en el pago del Bono de Reconocimiento para los afiliados que migraron de la ONP al Sistema Privado de Pensiones vuelve a encenderse. Esta vez, la controversia llega al Poder Judicial a través de una demanda de acción de cumplimiento presentada por el congresista José Luna Gálvez, quien exige que el Ejecutivo cumpla con emitir el beneficio pendiente para aproximadamente 3,1 millones de trabajadores.
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¿Por qué exigen al Ejecutivo cumplir con el bono ONP?
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima y está dirigida contra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. El reclamo se fundamenta en el incumplimiento de la Ley 31729, que dispone la emisión del Bono de Reconocimiento ONP para quienes se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones desde el año 2002 en adelante.
Desde el despacho de Luna Gálvez se precisa que la demanda busca que el gobierno ejecute lo que ya está aprobado y ratificado. Según el congresista, el retraso afecta a millones de trabajadores que esperan ver reflejados sus aportes en sus cuentas individuales de capitalización.
El origen del Bono de Reconocimiento y su aprobación en 2023
El Bono de Reconocimiento no es una figura nueva. El Estado lo otorgó entre 1992 y 2001 para compensar los aportes realizados en el Sistema Nacional de Pensiones antes del traslado a una AFP. Sin embargo, quienes realizaron ese cambio a partir de 2002 quedaron fuera del beneficio, una situación que motivó la actualización normativa aprobada en abril de 2023.
La Ley 31729 reconoció el derecho de los afiliados y exafiliados de la ONP a recibir este bono por los aportes efectuados antes de migrar al SPP. El texto estableció que el monto debía depositarse directamente en la Cuenta Individual de Capitalización de cada trabajador.
A pesar de que esta legislación fue aprobada inicialmente en 2023, el Ejecutivo la observó y recién en abril de 2024 se promulgó por insistencia en el Congreso, siendo publicada en el diario oficial El Peruano. Con ello, la norma quedó firme y de obligatorio cumplimiento.
El reclamo al Ejecutivo: “Es dinero de los trabajadores”
José Luna Gálvez calificó de injustificable la falta de ejecución de esta ley. Aseguró que “son millones los que esperan la entrega del Bono de Reconocimiento para incrementar su cuenta individual y mejorar sus pensiones”. Añadió que el Estado no puede retener un dinero que pertenece a los trabajadores y que fue descontado durante años con la promesa de una pensión futura.
En sus declaraciones, el parlamentario fue más allá y denunció que el gobierno está ignorando principios constitucionales que protegen la intangibilidad de los fondos de pensiones frente a decisiones arbitrarias del Estado.
Retrasos del Ejecutivo: el plazo ya venció
La Ley 31729 establece que el Ejecutivo, mediante un decreto supremo refrendado por el MEF, debe emitir el Bono de Reconocimiento en un plazo máximo de 12 meses desde su publicación. Ese límite ya fue superado ampliamente.
Luna Gálvez recordó que han pasado más de 18 meses sin que el gobierno emita el decreto correspondiente, incluso después de que el Tribunal Constitucional confirmara la validez de la norma. Para el congresista, esta omisión demuestra una falta de voluntad para cumplir con una obligación legal que impacta directamente en los fondos previsionales de millones de peruanos.
¿Por qué el bono aún no se aplica?
Uno de los principales argumentos que se ha esgrimido desde el MEF es la complejidad financiera y actuarial del proceso. En su momento, funcionarios del sector señalaron que el Bono de Reconocimiento otorgado a partir de 2023 no sería tan elevado como se espera, debido a los cálculos necesarios para actualizar los aportes realizados en décadas anteriores.
No obstante, estas explicaciones no han sido suficientes para quienes consideran que el Estado está incumpliendo una norma vigente. Para Luna, el argumento técnico no puede justificar la falta de implementación de una ley que ya pasó por todos los filtros legislativos y constitucionales.
Contexto legal: de la observación a la aprobación por insistencia
La confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo en torno a este bono no es reciente. Cuando el Legislativo aprobó la norma en 2023, el Ejecutivo la observó argumentando riesgos fiscales y falta de claridad en la metodología del cálculo del beneficio. Sin embargo, el Parlamento la aprobó por insistencia en abril de 2024, dejando sin efecto las observaciones del gobierno.
Fue recién con la publicación de esta insistencia en el diario oficial El Peruano que la ley quedó habilitada para su ejecución. Aun así, el Ejecutivo no emitió el decreto supremo exigido, lo que hoy da pie a la acción de cumplimiento ante el Poder Judicial.
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