El Congreso de la República dio luz verde a la entrega de un bono mensual de 1.130 soles de por vida para los veteranos de la pacificación nacional. La autógrafa de la ley ya fue enviada al Poder Ejecutivo, que tiene plazo hasta el 14 de abril para promulgarla o presentar observaciones. Con ello, el proceso legislativo entra en su fase final, quedando pendiente únicamente la decisión presidencial para que la norma entre en vigencia.
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Esta medida, basada en el Proyecto de Ley 3385/2022-CR, establece un reconocimiento económico para los licenciados que participaron en labores de pacificación entre 1980 y 2000, siempre que cuenten con la certificación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La propuesta obtuvo un amplio respaldo en el Pleno, con 86 votos a favor, y fue exonerada de segunda votación con 83 votos.
Respecto a la entrega del bono, no se realizará de forma simultánea para todos los beneficiarios. Según explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes, los pagos se organizarán por grupos de edad, dando prioridad a los veteranos de mayor edad y a quienes presenten discapacidad permanente. Los demás serán incorporados progresivamente.
En total, la medida alcanzaría a 8.997 licenciados registrados oficialmente, quienes deberán cumplir requisitos como no tener deudas alimentarias, ni antecedentes policiales, penales o judiciales, además de haber participado en acciones de pacificación durante su servicio.
El proyecto inició su trámite en octubre de 2022 y, tras pasar por distintas etapas en comisiones y el Pleno, fue aprobado el 12 de marzo de 2026. Posteriormente, la autógrafa fue firmada y remitida al despacho presidencial.
Ahora, el Ejecutivo cuenta con 15 días hábiles para decidir. Puede promulgar la ley, lo que permitiría su implementación inmediata, o bien observarla y devolverla al Congreso con sugerencias o cambios. En ese caso, el Parlamento deberá evaluar si acepta las observaciones o insiste en el texto original.
Si el plazo vence sin una decisión del Ejecutivo, la ley quedará aprobada automáticamente y el Congreso podrá promulgarla por su cuenta, asegurando así que el beneficio económico para los veteranos no quede en suspenso.
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