Bloqueadores para frenar las extorsiones desde Río Seco recién llegarán en enero

Bloqueadores para frenar las extorsiones desde Río Seco recién llegarán en enero

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(Enrique Villegas)

La lucha para frenar las extorsiones telefónicas desde el penal Río Seco seguirá esperando luego que el presidente del INPE, Julio Magán Zevallos, anunciara que el sistema de bloqueadores deberá esperar hasta enero próximo para ser instalado.

De acuerdo al cronograma, la empresa Prisontec instalará los primeros equipos en Cañete, luego Huaral, Callao, y a finales de año en Chiclayo y Trujillo.

Lo preocupante del caso es que en lo que va del año se han incautado más de 90 celulares en Río Seco y de acuerdo a la Policía el 70% de las llamadas extorsivas proviene de las cárceles.

Sin embargo, Magán Zevallos resaltó que continuarán con las requisas para frenar esta problemática hasta que lleguen los bloqueadores.

“Dos años atrás se colocaron en Chiclayo y Trujillo, pero se hizo una mala calibración y por ello el bloqueo en Trujillo llega a una efectividad del 80%. Esta vez, el consorcio da las garantías porque tendrá la exclusiva de la telefonía pública en los penales”, señaló.

Ante ello, el exjefe de la Divincri, comandante PNP (R), Alfonso Llanos, lamentó que no se le dé prioridad al problema de las extorsiones por falta de voluntad política.

“Las requisas no solucionan nada porque siempre hay formas de ingresar un celular o chip”, indicó.

Por otro lado, Julio Magán refirió que la licitación para la ampliación del establecimiento penitenciario de Piura se iniciará en enero de 2016 y la construcción tomará 18 meses.

El objetivo es mejorar las condiciones y duplicar la capacidad, pues actualmente hay más de 3.000 internos cuando solo puede albergar a 1.300.

MÁS ESTRATEGIAS

Por otro lado, las diferentes autoridades de Piura se comprometieron en priorizar políticas para resocializar a los internos.

Esto considerando que el 46,64% de reclusos está por robo agravado; 11,74% por tráfico ilícito de drogas y un 9,91% por violación.

Además, el 62% que cometió el delito tiene educación secundaria, 8% superior y 27% primaria. El 26,7% era obrero antes de ingresar al penal, 21,8% agrupaba a choferes y el 17,8% realizaba otros oficios.

Otro problema que se encontró es que el 2014, de 810 internos que ya salieron en libertad, 528 estuvieron presos menos de un año. Por ello, el presidente de la Corte de Justicia, Juan Checkley, sostuvo que se deben buscar otras alternativas a la prisión preventiva como el uso de grilletes, cuyo alquiler debe ser pagado por el acusado y ello sería un gran ahorro.

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