Dirigentes hacen un llamado a la unión para evitar que con el inicio de los proyectos de envergadura aumente el sicariato y la extorsión.
El próximo año, la región contará con obras de gran envergadura, como la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy, proyectos de agua y alcantarillado para 105 asentamientos y el hospital de Alta Complejidad. Estas iniciativas generarán más empleo, aunque también podrían incrementar los casos de extorsión.
El dirigente de construcción civil, Luis Vargas Luna, señaló que exigirán la inscripción de los obreros locales, además de garantizar pagos conforme a la normativa vigente. En el caso del proyecto de los 105 asentamientos, se estima que aproximadamente 600 trabajadores podrían resultar beneficiados.
“Vamos a unificarnos para beneficiar a los piuranos. Haremos saber a la empresa que estos proyectos deben ejecutarse como lo establece el expediente, y como pueblo exigiremos que todo se haga correctamente”, manifestó.
El dirigente también advirtió sobre la presencia de foráneos en obras de esta magnitud, quienes recurren a la extorsión y al amedrentamiento bajo el pretexto de brindar seguridad. En ocasiones, los empresarios incluso se coluden con delincuentes para evitar pagar lo justo a los trabajadores.
Por su parte, William Ancajima, representante de la FONOP, planteó la necesidad de formar un grupo especializado para proteger estas obras, ya que el sicariato podría aumentar debido a la magnitud de los proyectos.
“No se trata de que la Policía cuide las obras, sino de crear un grupo que asuma ese rol, porque, lamentablemente, habrá mucha extorsión hacia los trabajadores. Debemos unirnos para evitar que estas obras cobren la vida de algún piurano”, afirmó.
Sicariato en Piura:
El pasado 6 de setiembre, Ana Lisbeth, una joven de 24 años, fue asesinada a quemarropa en su primer día de trabajo en una obra pública en el asentamiento humano Villa Primavera en Sullana.
En Sullana y Catacaos también se empezará a ejecutar megaproyectos.