A propósito de la prohibición de la venta de alcohol

A propósito de la prohibición  de la venta de alcohol

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David Panta
Abogado Penalista

Piura tiene serios problemas que deben ser resueltos por la autoridad edil. La seguridad ciudadana, limpieza, la construcción del terminal, alcantarillado para con las zonas más necesitadas y me quedo corto. Para eso se eligió a las actuales autoridades. Nuestro alcalde, no obstante, ha propuesto ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) la prohibición de la venta de alcohol después de las 12 de la noche. Que esta medida alcance a los borrachitos que toman en las calles tiene fundamento, pero que la misma trascienda sobre los locales comerciales que legalmente funcionan como centros de distracciones nocturnos, necesita de una justificación legal.

Sobre la venta de alcohol, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido algunas decisiones [caso de la discoteca Taj Majal en Huancayo; caso Calle de las Pizzas en Miraflores y el caso Silvia Sáenz Valles]. En todas, el Tribunal declaró infundadas las demandas presentadas contra las respectivas ordenanzas municipales, considerando que existían razones justificadas para restringir determinados actos que limitaban la libertad de comercio.

En mi entender dichas decisiones carecen de fundamentos suficientes, puesto que el máximo intérprete de la Constitución no delimitó claramente cuál fue la controversia que iba a resolver. No contó con lineamientos claros sobre la materia, especialmente respecto a la relación entre este tipo de medidas y el derecho que se quiere proteger. Felizmente a la fecha contamos con nuevos integrantes del TC.

Yendo al caso en concreto. Si lo que se quiere es evitar la comisión de delitos, se debe argumentar –para hacerla legítima- por qué la prohibición de vender alcohol a partir de las 12 es idónea (se debe ofrecer razones respecto a relación de causalidad entre medio a fin deseado), necesaria (no debe existir otra medida igualmente efectiva y adecuada para alcanzar el objetivo anhelado) y proporcional (objetivo de satisfacción por lo menos equivalente al grado de afectación del derecho fundamental).  No basta con señalar que se quiere evitar delitos. Ese argumento no la hace legítima. Advierto escasas razones de la autoridad edil para con esta medida. De prohibirse, con una demanda constitucional de amparo se recobra el derecho afectado.

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