Ante la ola de robos de celulares el Ejecutivo respondió con un incremento de las penas de hasta 30 años de prisión a quienes roben con agresividad un celular. Para muchos juristas, la medida no es más que demagogia y populismo. El gobierno lo que quiere es venderle humo a los peruanos con sanciones que no tienen racionalidad en el sistema judicial.
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Aunque algunos ciudadanos puedan aplaudir la medida, esta no corresponde a un crimen menor. 30 años se aplican a asesinos, sicarios, crimen organizado y hasta corrupción; pero no para el robo de un celular calificado como delito menor; salvo que se asesine a la víctima para robarle su equipo.
Para los analistas, el problema de fondo no es el robo sino la receptación y comercialización de celulares robado. Si hay demanda, seguirán los robos. Hasta las compañías de telefonía se desentienden y no bloquea los equipos robados. Por último, la delincuencia como lo demuestra la historia, no se combate con duras sanciones, sino reduciendo la pobreza, generando trabajo, enfrentando la corrupción y dando mayores oportunidades laborales, educativas y recreativas a los jóvenes.
