Los analistas políticos y económicos coinciden en que existen en el país cinco lacras que desde hace varios lustros están frenando nuestro crecimiento pero, hasta ahora, ni el Gobierno ni el Legislativo han podido enfrentar con determinación, incluso, propiciando que algunas de estas, como la inseguridad, crezcan peligrosamente.
Los lastres del crecimiento en Perú son: la desinstitucionalización, la inseguridad, la informalidad, el populismo y la corrupción. La primera se debe al ataque permanente y permisivo sobre las instituciones por la polarización política o la lucha por el control de las mismas, además de la falta de idoneidad de quienes las dirigen.
Sobre la inseguridad, es claro que no hay una estrategia visible originando la restricción de inversiones y el gasto adicional en las empresas y familias.
Acerca de la informalidad, se ha pasado del ambulante en las calles a la informalidad en el transporte y en las pymes, a lo que se añade actividades delictivas en torno a estas actividades. Esta situación, que agobia a todas las regiones, no solo fomenta la delincuencia, sino que deja perdidas millonarias, daña a las propias instituciones y profundiza la desigualdad.
El populismo desbocado de los congresistas ha generado leyes improvisadas cuyo fin es lograr el apoyo político de grandes sectores de la población, para mantener sus privilegios, aunque en esa consecución el país reviente. A nadie le importa. Todas estas lacras se coronan con la corrupción imparable en el sector público, dejando pérdidas millonarias en el presupuesto público que repercute en la calidad de las obras o el abandono de las mismas.
Lo inquietante es que el Gobierno no tiene decisión, competencia ni la capacidad para enfrentar estos problemas. A esto se suma la evidente alianza siniestra entre el Ejecutivo y Legislativo que privilegian su afán de supervivencia hasta el 2026 por encima de los intereses del país y los ciudadanos. De allí que el Gobierno de Dina Boluarte se mantenga al margen del festín de normas populistas y lesivas para las organización y políticas del país que están dejando atrás.
La sociedad civil tiene también responsabilidad porque es débil su reacción frente al atropello, impunidad, autoritarismo, populismo y festín de leyes con nombre propio que está aprobando este Congreso que solo tiene el 5 % de aprobación ciudadana y que en cualquier otra parte del mundo sería deslegitimizado.
