Telefónica perdió juicio por no pagar impuesto a la renta de servicio satelital en 1999, 2003 y 2004

Telefónica perdió juicio por no pagar impuesto a la renta de servicio satelital en 1999, 2003 y 2004

Los servicios de los operadores satelitales se producen a 36 mil kilómetros de la tierra, es decir, en espacio ultraexterior, lo que significa fuera de territorio peruano. En consecuencia, de acuerdo a la opinión técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la aplicación de la Ley de IR, la Sunat concluyó en el 2009 que los ingresos de los operadores satelitales se producen fuera de territorio peruano y por tanto no está gravado con IR en el Perú.

Es así que desde el 2005, SUNAT no grava con IR la capacidad satelital de ningún contribuyente que hace uso de este servicio.

El Ministerio de Transportes concluyó en el 2008 que la capacidad satelital no es un arrendamiento de bandas ni de frecuencias dentro del espacio aéreo peruano, sino que es un servicio de recepción y retransmisión de señales en el espacio ultraexterior, es decir, fuera de territorio peruano realizadas dentro de un satélite ubicado a 36 mil kilómetros de la superficie terrestre y no en el territorio peruano.

La Intendencia Jurídica de SUNAT concluyó en el 2009 que “no califican como rentas de fuente peruana las retribuciones obtenidas por los operadores de satélites geoestacionarios no domiciliados en el país por la provisión del servicio de capacidad satelital a empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el Perú”.

Una sentencia en contra atentaría contra la seguridad jurídica y transformación digital del país. Quebraría la confianza legítima, se generaría una contingencia económica descomunal que involucra no sólo a Telefónica sino a todos los operadores de servicios de comunicaciones (fijos, móviles, portadores y de radiodifusión) que contratan capacidad satelital, incluyendo a la telefonía rural, entre otros.

Efectos de una sentencia adversa

Una sentencia en contra de los criterios judiciales atentaría contra la seguridad jurídica y transformación digital del país, advierten los voceros de la empresa.

Además, afirman, “quebraría la confianza legítima, se generaría una contingencia económica descomunal que involucra no sólo a Telefónica sino a todos los operadores de servicios de comunicaciones (fijos, móviles, portadores y de radiodifusión) que contratan capacidad satelital, incluyendo a la telefonía rural, entre otros”.

Y hacia adelante, estimaron, “se generaría un sobrecosto donde los más perjudicados serían cerca 8 millones de peruanos que viven en zonas rurales y alejadas, que no acceden aún a internet, donde la tecnología satelital es una importante alternativa”.

Vía La República y Gestión

 

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